Mientras a nivel nacional la alianza Cambiemos se juega su subsistencia con una economía a la deriva, en el terreno local el jefe de gobierno porteño sueña una ciudad al servicio de los grandes capitales. Los ocultamientos detrás del «boom de inversiones».

Luego del receso invernal, el gobierno de Horacio Larreta parece haber retomado la iniciativa política para avanzar en su plan de reformas estructurales en la Ciudad, a pesar de los avatares que golpean al oficialismo en el plano nacional. El modelo de «ciudad PRO» que ya lleva más de 10 años de gestión ahora busca cristalizar un régimen urbano en clave empresaria que significa, a su vez, mayor expulsión y precarización para lxs trabajadorxs.

La nave insignia de este plan se encuentra en la reforma del Código de Planeamiento Urbano y de Edificación que ya tuvo una primera aprobación en la Legislatura, pero deberá pasar por audiencia pública y segunda lectura para su aprobación. Desde el gobierno porteño presentan la reforma como una vía para armonizar el desarrollo del tejido urbano, poniendo incluso un tope a la cantidad de pisos que se podrán construir. Sin embargo, las modificaciones propuestas refuerzan la especulación inmobiliaria porque la reforma habilitará a poder construir más metros cuadrados allí donde antes no se podía. De esta forma, se ampliará la base material para que las constructoras puedan desarrollar sus negocios y sigan encareciendo el suelo porteño (luego incluso que ya les fueran entregado numerosos terreno públicos para que construyan megashoppings como en el caso de IRSA). Los «cuadernos» de las constructoras de Larreta todavía parecen no haber llegado a la justicia.

Los resultados de esta tendencia especulativa se observan en que la ciudad de Buenos Aires ostenta el curioso registro de no haber aumentado su población en los últimos 30 años, mientras se triplicó la cantidad de personas que habitan en asentamientos y villas. Alrededor del 10% de la población de la Ciudad, unas 300 mil personas, viven en esas condiciones cuando se estima que hay 350 mil viviendas ociosas. Son las dos dos caras de la especulación inmobiliara: viviendas de lujo vacías y cientos de miles viviendo en condiciones sumamente precarias. Esta política inmobiliaria estuvo precedida por los denominados «distritos» como el audiovisual, el tecnológico o textil que significaron enormes beneficios impositivos para las empresas del rubro, que fueron subvencionadas por la población mediante el aumento del pago del ABL y otros impuestos.

Bajo el gobierno de Larreta, por otra parte, se profundizó la desigualdad social al interior de la ciudad y contra los sectores más vulnerables: sobre un tasa de desocupación del 10,2% promedio, en la zona norte se ubica en un 7% mientras que en el sur trepa a más del 16%. Por otra parte, sobre 178 mil personas sin trabajo, más de 100 mil son mujeres.

El PRO viene sosteniendo esta burbuja especulativa a través de un fuerte endeudamiento, que implicó un salto de 2.500 millones de dólares en menos de una década. Como ocurre en el plano nacional, la mayor parte de esa deuda se encuentra en moneda extranjera y el pago de sus intereses absorben cada vez más del presupuesto porteño mientras se vacían la educación y la salud públicas.

La ciudad de los ricos, a los palos

No debería sorprender que acompañado de una reforma urbana de estas características al servicio de los grandes capitales, el gobierno de Larreta proponga también una reforma del Código Contravencional que busque, básicamente, redoblar el control social. Los cambios incluyen reforzar el poder de la Policía de la Ciudad para detener arbitrariamente al prescindir de una denuncia para que intervenga. También se coloca como contravención la colocación de afiches y volantes en la vía pública y se agravan las multas para «ruidos molestos» que podrían ser aplicables a movilizaciones o actos.

La reforma del Código Contravencional vendría a institucionalizar de hecho el papel que actualmente ya juega la policía porteña en la persecución y represión cotidiana a lxs trabajadorxs informales como los manteros y trapitos. También se inscribe en la linea del ataque a trabajadorxs organizadxs como en el caso de la AGTSyP del subte, mientras se le garantizan jugosas ganancias a Metrovías a pesar de su pésimo servicio.

Mientras en la Legislatura el PRO intenta reforzar el poder de la Policía, uno de sus integrantes está por comenzar como imputado el juicio oral por gatillo fácil contra Cristian «Paragüita» Toledo en la Villa 21 24.

Una educación para el mercado

Para completar la batería de reformas, el gobierno retomó su proyecto de creación de la Unicaba que intenta imponer un enorme ajuste y degradación de la educación pública a través de la eliminación de los 29 institutos de formación docente. Si bien el Ejecutivo plantea ahora que existiría una «coexistencia» entre la Unicaba y los IFD, es la punta de lanza en un recorte a gran escala de los puestos de trabajo y los contenidos educativos, además del recorte presupuestario que implicaría. El proyecto es rechazado por el conjunto de la comunidad educativa que se viene movilizando masivamente contra su aprobación.

La Unicaba, a su vez, se integra un concepto más general de una educación al servicio del mercado, como la Nueva Escuela Secundaria (NES) y la «Secundaria del Futuro» que plantea que lxs estudiantes lleven adelante durante su último año «un conjunto de alternativas centradas en prácticas y saberes de relevancia en el futuro próximo», es decir, sean mano de obra barata para las empresas para ayudar a su «inserción laboral».

En paralelo, como evidencia el incendio en el Cesac 14 de Lugano, la salud y la atención en los barrios están completamente abandonados. Al GCBA le preocupa que sus empresas amigas puedan desplegar sus negocios en la Feria Masticar, no la salud de las familias de los barrios del sur.

Una oposición cómplice

Actualmente el PRO cuenta con mayoría propia en la Legislatura. Sin embargo, duante sus primeros 8 años de gestión no la tuvo y fue gracias a los votos de la UCR y FpV-PJ que pudo avanzar en gran medida en el loteo y entrega de tierras públicas para el negocio de las constructoras. Por otro lado, el bloque de Losteau -quien casi derrota a Larreta en el último ballotage- ya va camino a una integración en la coalición oficialista, incluyendo unas PASO comunes en el distrito el año que viene.

Por su parte, las conducciones sindicales de ATE Capital, AGTSyP, UTE y CTEP -mayormente alineadas con el kirchnerismo- realizaron algunas movilizaciones aisladas contra los despidos y el techo salarial. Sin embargo, este armado -atado a los realineamientos más generales del mapa político sindical- se limita a la consigna «hay 2019» y no presentó una verdadera resistencia al gobierno de Larreta, dejando pasar derrotas graves en algunos casos como en el Canal de la Ciudad.

Para enfrentar el modelo PRO-Cambiemos en la Ciudad, es necesario unir y darle impulso a todas las luchas populares que están en marcha- trabajadorxs, estudiantxs, desocupadxs- y construir desde abajo, con independencia de clase, una alternativa que defienda los intereses de la mayoría trabajadora.

Por una ciudad por y para lxs trabajadorxs, no para los especuladores

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