El ajuste brutal que el gobierno viene aplicando ha profundizado la precarización educativa. El ataque a la educación pública y gratuita ha tenido respuestas por parte de las y los trabajadores de la educación y estudiantes de todos los sectores
Universidades en lucha
Los y las docentes de las universidades de todo el país vienen sosteniendo una huelga histórica, por la recomposición salarial, contra el ajuste del gobierno a las universidades que se despliega ya como una pelea contra las políticas educativas impulsadas por el macrismo en todos los niveles: Falta de presupuesto, obras frenadas, salarios congelados, recorte de programas y de becas, investigaciones suspendidas.
Algunos datos dan cuenta del ajuste: los fondos para el Desarrollo de la Educación Superior fueron apenas un 20% más que el año pasado, el equivalente a la inflación de los primeros siete meses del año. Un área clave del Ministerio de Educación, “Infraestructura y Equipamiento”, registra una profunda subejecución. Arrancó el año con una previsión de $ 9290 millones y fue reducida hasta los actuales $ 8329 millones, de los que se ejecutó apenas un 20%.
Respecto del acuerdo salarial, la actitud del gobierno es de un cinismo absoluto, con ofertas (cuando las hubo) irrisorias: 15% y en cuotas, la última, en 2019. En la práctica esto significa un 10,8% de aumento para todo 2018. Ante ello, la docencia exige una recomposición salarial del 30% para todas las categorías y dedicaciones con cláusula gatillo. Al cierre de esta edición y luego de más de un mes de paro, se avanzaba en un posible acuerdo alrededor del 24-26%.
El presupuesto: la discusión de fondo
Desde las Universidades del Conurbano bonaerense se ha puesto en discusión la cuestión presupuestaria. Tanto en el caso de la Universidad de Avellaneda como de la Arturo Jauretche (Florencio Varela), el desfinanciamiento lleva a las autoridades a anunciar que de continuar la situación no podrían asegurar su funcionamiento hasta fin de año. En la Universidad de Quilmes, hace tres meses que el Estado no asigna los fondos suficientes. Incluso en la UNSAM (San Martín), el gobierno -priorizando los negocios inmobiliarios por sobre el derecho a la educación- está buscando vender parte de su predio para que sea utilizado por el ferrocarril, ya que el espacio que era usado para ello en el barrio porteño de Colegiales fue vendido.
La cuestión presupuestaria de las universidades está estrechamente ligada al conflicto que viene teniendo lugar con el conjunto del sistema científico argentino y que revela cuál es el proyecto estratégico del gobierno: desmantelar la investigación y desarrollo técnico científico público en nuestro país. Fue también durante este mes que miles de trabajadores/as de la ciencia se manifestaron en el Congreso contra el desguace que el gobierno viene propiciando, cuyas evidencias más claras son los descensos abruptos de ingreso a carrera de investigador/a en el CONICET, en el recorte de becas de investigación, a lo que suma también el recorte en el financiamiento de proyectos de colaboración con el exterior.
En defensa de la Universidad Pública
El reclamo que comenzó teniendo foco en la lucha salarial docente, se extendió hacia el conjunto de la comunidad universitaria y adoptó un carácter nacional, en defensa de la universidad pública, teniendo un rol central del movimiento estudiantil. En la última semana de agosto se expandieron por todo el país las tomas de facultades. Luego de distintas acciones, los sindicatos docentes universitarios convocaron a una Marcha Educativa, para el jueves 30 de agosto. La misma se constituyó en una jornada histórica en la que miles de personas en distintos puntos del país, con epicentro en la movilización a Plaza de Mayo, salieron a las calles para rechazar el ajuste que Macri quiere imponer a las universidades. La lucha en defensa de la educación pública debemos darla en la más amplia unidad y la coordinación entre docentes y estudiantes de los distintos niveles, no docentes, auxiliares, así como también con el resto de las y los trabajadores. En la batalla por la educación se juega una parada para el conjunto del pueblo trabajador contra el modelo neoliberal, contra la destrucción de la educación pública.
En este contexto de profundización del conflicto (y al cierre de esta edición), la CONADU Histórica se preparaba para las elecciones de renovación de sus autoridades, siendo la lista Multicolor -integrada entre otros por compañeras y compañeros de la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas- la alternativa para impulsar una confederación que se plantee la continuidad de la organización y lucha a nivel nacional, de manera independiente del poder político nacional y de los rectores.
Luchar para no morir en la escuela
El jueves 2 de agosto de 2018 Sandra Calamano y Rubén Rodríguez perdieron la vida tras la explosión de gas que se produjo en la Escuela Primaria N° 49 de Moreno. Este hecho gravísimo se encuadra en un tremendo deterioro de los edificios escolares bonaerenses, producto del desfinanciamiento que se viene aplicando sobre el sistema educativo hace décadas, y que la gestión de María Eugenia Vidal no hace más que profundizar con un tremendo ajuste en marcha.
El hecho llevó a un repudio inmediato de toda la comunidad educativa de la localidad. Una de las acciones más contundentes fue la auto organización de directivos de Moreno, que decidieron suspender las clases hasta que las condiciones edilicias estén garantizadas (al cierre de esta prensa persiste la medida), acción que se ha replicado en otros distritos, donde alrededor de mil escuelas han cerrado de manera permanente o transitoria exigiendo garantías de habitabilidad.
María Eugenia Vidal apenas asume como gobernadora encomienda la realización de un censo de infraestructura escolar reconociendo su estado crítico. A partir de los resultados, el gobierno iniciaría un plan de obras escolares. Claramente los únicos planes en marcha del gobierno son el ajuste, y la reforma educativa y laboral.
En diciembre de 2017 Vidal disolvió la UEP (Unidad Ejecutora Provincial), espacio que tenía a cargo la planificación, desarrollo y ejecución de obras e infraestructura educativa en la provincia. Y las decisiones sobre infraestructura escolar quedaron bajo la órbita de Mateo Nicholson, director de la Dirección Provincial de Infraestructura (DPI). En junio de este año se filtró un audio de este funcionario “inventando e inflando números” de presupuestos para obras escolares. A partir de este hecho se abre una investigación sobre Nicholson, quien pide licencia. Recién a 21 días del de lo sucedido en Moreno renuncia a su cargo.
Los gobiernos que preceden al actual tienen responsabilidad en la precarización educativa y laboral y el ajuste no hace más que profundizarla.
El gobierno de Vidal es culpable de los asesinatos laborales de Sandra y Ruben
La infraestructura escolar no es el único problema La docencia bonaerense sigue sin acuerdo salarial. Esta situación hay que enmarcarla en el permanente ataque de Vidal a la educación pública: cierres de cursos y escuelas, cierre del Bachillerato de adultos, jubilaciones de oficio a miles de docentes, retiro de las escuelas de los Equipos de Orientación Escolar, entre otros.
Estas embestidas han generado enorme rechazo en la docencia que se ha reflejado en la creciente adhesión a los paros y en la organización de acciones para resistit cada medida. A contrapelo, las conducciones sindicales, que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), con SUTEBA como gremio mayoritario, han lanzado medidas aisladas. La línea que sostienen es la fragmentación y aislamiento de las luchas favoreciendo la permeabilidad a todas las medidas del gobierno. En esa diáspora de acciones “hacen como si”, sin organizar un verdadero plan de lucha. El ejemplo más cabal fue la aceptación de una ilegal conciliación obligatoria, frente al paro de 72hs al regreso del receso invernal, cuando estaban dadas las condiciones para la continuidad del conflicto. La lista celeste de SUTEBA, aceptó la conciliación militando el miedo entre los y las docentes con argumentos falaces. Las muertes de Sandra y Rubén fueron en el marco de dicha aceptación, un ejemplo de la perversidad de la burocracia que cuida su gobernabilidad y sus recursos y nunca la vida de los y las laburantes. La lista Celeste de Yasky y Baradel apuesta al ordenamiento de su espacio político en miras de las elecciones del año próximo. No tienen intenciones de organizar un plan de lucha para frenar el ajuste que se llevó la vida de dos trabajadores/as, pero sí “Hay 2019”. Este sector del peronismo ha logrado perpetuarse en la conducción gremial, el proyecto que los desvela ahora es volver a ser gobierno.
¡Justicia por Sandra y Rubén! Vidal y Sánchez Zinny son responsables.
¡Exigencia de la emergencia educativa ya!
La CTERA y el FUDB deben llamar con urgencia a un plan de lucha para frenar el ajuste y la reforma educativa.
