Un sistema político atravesado por una crisis económica y de legitimidad se prepara para enfrentar en octubre nuevas elecciones presidenciales. En el marco de una profunda crisis económica y social, casi la mitad de la población se declara pesimista con sus resultados.
La reacción de pesimismo del pueblo brasilero no deja de ser lógica. Brasil vive hoy una de las mayores crisis económicas y políticas de los últimos tiempos. A partir del golpe de 2016, las medidas adoptadas por el gobierno de Temer, como el congelamiento de los gastos sociales por un plazo de 20 años y la escandalosa reforma laboral, intensificaron de forma brutal el ajuste y la precarización de la vida de la clase trabajadora. Hoy 6 de cada 10 niños y niñas viven en situación de pobreza, lo que significa que 32 millones tienen sus infancias condenadas a situaciones de vulnerabilidad de derechos y a un presente carente de dignidad. La mortalidad infantil volvió a subir y las condiciones de salud empeoraron tanto que volvieron a aparecer enfermedades ya erradicadas como el sarampión. El aumento de la violencia también es un reflejo de esa crisis. En 2017, según datos de la ONG Fórum Brasilero de Seguridad Pública, fueron registrados 63 mil muertes violentas, 60 mil violaciones y 1.133 casos de femicidio.
Este complejo cuadro social es consecuencia de uno de los principales rasgos de esta crisis: las enormes tasas de desocupación y subempleo que enfrentan hoy los brasileros y brasileras. Según los últimos datos del IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística), actualmente la desocupación alcanza el 12,4% de la población, lo que representa más de 13 millones de personas. Si a este número sumamos a los y las trabajadoras que están en situación de subempleo, hablamos de 27 millones de personas que tienen graves problemas de empleo.
Según ese último informe, en los últimos 12 meses, el país perdió 500 mil puestos de trabajo en blanco, descendiendo a 32 millones los puestos laborales en el mercado formal, la cifra más baja desde la crisis del 2012. Ya en el mercado informal, el número de puestos de trabajo no para de crecer llegando a los 37 millones. Siguiendo la tendencia mundial, se observa cómo el trabajo precario e informal va superando al trabajo formal y en blanco. Este fenómeno está directamente relacionado con la implementación de la reforma laboral aprobada en 2017 que habilitó “nuevas” modalidades de contratación, como el trabajo intermitente, entre otros. Entre los meses de enero y julio de este año, el 64,4% de los y las trabajadoras afirman que tuvieron que recurrir a la informalidad para llegar a fin de mes. Sin embargo, el desempleo no llega a todos de la misma manera: las mujeres, los y las jóvenes, y los y las negras son los más afectados por esa situación. De los 13 millones de desocupados y desocupadas, las mujeres representan la mayoría. El 32% son jóvenes de 18 a 24 años y casi 35% tiene de 25 a 39 años y el 64% son negros y negras.
Entrega al imperio
Otro rasgo característico de esta gestión fue la explícita política entreguista de los sectores estratégicos y la subordinación al gobierno de los EEUU. Para ilustrar esta situación, se pueden destacar algunos hechos recientes: la creciente pérdida de soberanía energética concretada por las políticas privatistas en relación a Petrobras, los intentos en curso de venta de Embraer a la norteamericana Boeing y la privatización de la Eletrobras (energía). Adicionalmente, un posible acuerdo, todavía en discusión, sobre la participación de EEUU en la base militar de Alcántra (Maranhão), infraestructura en América del Sur de lanzamiento de cohetes, que había estado bajo control de EEUU hasta 2005. Recuperar esta base tiene especial valor geopolítico para los yanquis en el marco del conflicto con China y Rusia, y además por su ubicación cercana a la amazonia brasilera (donde abundan los bienes naturales) y a Venezuela. Este tema fue una de las razones de la reciente visita del secretario de defensa norteamericano, James Mattis, a Brasil.
De la incertidumbre política al avance de la derecha
En el escenario electoral, la realidad se vuelve esquizofrénica. El candidato con mayor intención de votos está preso y el que ocupa el segundo lugar defiende a la dictadura militar, el uso de armamento de la población civil y tiene posiciones abiertamente xenófobas, racistas y misóginas. Según las últimas encuestas, Lula (PT) tiene un 39% de intención de votos mientras Jair Bolsonaro (PSL) un 19%. Les siguen Marina Silva (REDE) y Geraldo Alckmin (PSDB), con menos del 10% cada uno.
A medida que avanza Lula en las encuestas, el real brasilero se devalúa, lo que explicita cómo el capital financiero claramente opera en estas elecciones para lograr un resultado que mejor atienda sus intereses. Uno de los principales objetivos que levantan los grandes medios y distintos sectores de la burguesía para el próximo o próxima presidente es concretar la reforma jubilatoria, no lograda por Temer ya que, sin su aprobación, será imposible avanzar con los planes de ajuste fiscal.
Estas elecciones también expresan el modo en que el discurso más reaccionario y fascista viene ganando cada vez más fuerza y espacio en la sociedad brasilera. Un dato llamativo es que el número de candidatos provenientes de las fuerzas armadas y de seguridad casi que duplicó en relación a las últimas elecciones. Son por lo menos 25 militares los que van a concurrir a los cargos de presidente, vice-presidente, gobernador o vice-gobernador.
El PT, más allá de las diversas negativas de la justicia, sigue apostando a la candidatura de Lula como forma de denunciar su evidente persecución política. La reciente recomendación de la ONU de que Lula pueda participar en las elecciones parece no haber tenido mayores impactos. El tribunal electoral tiene plazo hasta el 17 de septiembre para definir la posibilidad o no de participación del ex – presidente. A su campaña se ha sumado Manuela D´Ávila (PCdoB), abandonando la posibilidad de candidatura propia a la presidencia. En caso de que Lula finalmente no pueda ser candidato, asumirá el cargo de vice en la boleta del PT que tendrá como cabeza a Fernando Haddad, ex intendente de San Pablo. Las encuestas con ese segundo escenario no son muy alentadoras para el PT y evidencian que no hay una transferencia automática de votos hacia Haddad, demostrando que la figura de Lula tiene mayor peso que su partido. Las iniciativas llevadas a cabo por ese campo para lograr la liberación y la candidatura de Lula no han logrado demasiado y siguen en el marco de la institucionalidad.
Desde la izquierda, hay sectores que vienen buscando la construcción de una salida alternativa, como el PSOL que presentará como candidato a presidente a Guilherme Boulos, referente del Movimiento de Trabajadores sin Techo (MTST), y como vice a Sonia Guajajara, referente del movimiento indígena. En esta interesante confluencia entre los movimientos sociales, intelectuales y partidos como PSOL y PCB, se expresa el intento de la construcción de un programa anti-capitalista y anti-patriarcal. Si bien han realizado un gran trabajo de construcción de referencia, como se vio en su acto de lanzamiento con la presencia de 20 mil personas, lamentablemente no han logrado todavía transformar esta referencia en una construcción de masas que tenga incidencia en el ámbito electoral. Sin embargo, el intento de construcción de un programa de forma participativa y la voluntad de unidad hacen de esa experiencia un hecho extremamente valorable en la coyuntura brasilera y regional.
La realidad brasilera echa luz sobre lo que posiblemente ocurrirá en nuestro país si no se aceleran los tiempos de construcción de una alternativa de masas y de izquierda. En la lucha contra el capitalismo y el patriarcado no hay atajos y los atajos muchas veces son largos desvíos. Pero además, la propia burguesía argentina reconoce que la incertidumbre de su propia situación, depende en gran medida del resultado electoral brasilero y del modo en que se resuelva o profundice la crisis en curso.
