Ante la creciente miseria y pobreza que sufre nuestro pueblo trabajador, las organizaciones sociales han constituido espacios de contención, de organización y lucha. Frente a las políticas de hambre que generan que la mitad de los niños y niñas de nuestro país esté bajo la línea de pobreza, los sectores más precarizados de nuestra clase vienen forjando experiencias de unidad con movilizaciones masivas y exigencias concretas.
El gobierno de Cambiemos nos tiene acostumbrados y acostumbradas a sus definiciones casi naif para explicar la situación del país. Podemos mencionar expresiones esperanzadoras como la anunciada “lluvia de inversiones” (que seguimos esperando), la “luz al final del túnel” o, una de las más recientes, “pasaron cosas”. Toda una estrategia para llenar de palabras los discursos sin decir absolutamente nada. A su vez, algunos economistas de la burguesía ensayan grandilocuentes y sofisticadas explicaciones sobre economía buscando justificar el ajuste. Sin embargo, para el pueblo trabajador las explicaciones tienen menos vueltas. Si hay algo que ha quedado impregnado en la memoria colectiva de las y los trabajadores es que, si el dólar sube, la plata alcanza menos; y, que cuando Argentina recurre al FMI, la cosa va de mal en peor.
Como consecuencia del acuerdo con el Fondo, el gobierno deberá afrontar una progresiva reducción del déficit fiscal. Como cuando las familias hacen las cuentas en sus casas en un cuaderno para ver cuánta plata sale y cuanta entra, hay dos opciones: se aumentan los ingresos o se recortan los gastos. Lejos de pensar en incrementar los ingresos (con más impuestos a quienes más ganan, por ejemplo) el gobierno nacional, con la complicidad de los gobernadores, optó por achicar el gasto. Esto impactará concretamente en la reducción de fondos a las provincias, disminución de la obra pública en un 80%, recorte del empleo público, salarios a la baja y quita de subsidios que repercutirá en nuevos tarifazos en transporte y servicios. Si a esto le sumamos la inflación y la devaluación del peso en un 60% desde diciembre, las conclusiones son claras: el ajuste impacta de lleno en los bolsillos de las familias que menos tienen.
Un informe reciente de la UCA reveló que casi la mitad de los niños y niñas del país viven por debajo de la línea de la pobreza. Según las estadísticas, el 17,6% tiene déficit en sus comidas, el 8,5% pasa hambre, y el 33% se alimenta en los comedores populares. Es decir, 1 de cada 2 niños/as no cubre su cuota de alimentación diaria.
En la Casa Rosada son conscientes de esta situación y el mismo FMI ha recomendado al gobierno reservar un porcentaje del presupuesto para la asistencia social. Es decir, la política no estará dirigida a generar empleo si no a contener la pobreza que, indefectiblemente, irá en aumento. Desde el Ministerio de Desarrollo Social ya iniciaron reuniones con los Movimientos Sociales para atender los reclamos más inmediatos de una parte del sector de las y los precarizados y desocupados. En la misma línea, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció una inyección del presupuesto de $ 318 mil millones hasta fin de año para la ayuda social que se traduce en una suba del monto de la tarjeta alimentaria, ayuda a mil comedores comunitarios con $ 5000 mensuales para su mantenimiento y ampliación de las zonas donde se entrega leche en polvo.
Millones de ganancia para unos, changas y limosna para otros y otras
Mientras el poder adquisitivo de las familias trabajadoras se desmorona, las ganancias de los capitales financieros crecen exponencialmente. Tal es el caso del JP Morgan que ganó casi $ 8 mil millones en tan solo cuatro días gracias a la timba financiera que permite el gobierno.
En la vereda de enfrente, la canasta básica es cada vez más difícil de garantizar para las y los trabajadores. El precio de los alimentos va en ascenso y el consumo cae. Como salida a esta situación crítica, la diputada del bloque Cambiemos Elisa Carrió pidió públicamente a la clase media, que representó históricamente, que no dejen de dar changas a la gente y sostengan la limosna ya que son fundamentales para la economía de las y los que menos tienen. Es decir, que no solo son inexistentes las políticas de generación de empleo si no que, además, Carrió le toma el pelo públicamente a las y los trabajadores ofreciendo changas y limosna como salida a la falta de trabajo y el hambre. Una posición que, por otro lado, busca legitimar el sistema actual de desigualdad en donde los que más riquezas tienen deberían ser benefactores de aquellos y aquellas que
necesitan empleo; dejando la salida a un mero acto voluntarista y de caridad de la burguesía.
En varias provincias del país la situación es más aguda. El Ministerio de Agroindustria de la Nación informó el cierre del monotributo social que beneficiaba con obra social y jubilación a alrededor de 100 mil personas que trabajan en la agricultura familiar. Con esta resolución, las y los trabajadores pasarían a hacerse cargo del pago que hasta aquí es sostenido por el Estado como mecanismo de impulso al desarrollo de un sector que de por sí sufre la precarización, inestabilidad laboral y la competencia desleal ante las grandes empresas del agro y la concentración de la tierra en pocas manos. La situación en los ingenios azucareros del norte del país también es dramática. El sector ya viene desde el año pasado enfrentando despidos y ajustes salariales muy por debajo de la inflación acuciante. Ni hablar de la situación en los pueblos olvidados por el Estado donde ni siquiera llegan derechos tan básicos como el agua potable; como es el caso de El Caburé y Las Lomitas en Santiago del Estero.
El rol de los Movimientos Sociales
En este marco, son las organizaciones sociales con sus cooperativas de trabajo, comedores y merenderos quienes actúan como espacios de contención y de organización para las familias que día a día sufren el ajuste. El pasado 1 de junio se desarrolló la Marcha Federal en la que los movimientos sociales como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), CTEP, CCC, Barrios de Pie y el FPDS pusieron en agenda la grave situación que atraviesa el sector. Se expresó el rechazo al acuerdo con el FMI y la exigencia de aprobación de cinco leyes para atacar de manera inmediata las urgencias, a saber: emergencia alimentaria en todo el país, integración urbana de los barrios populares y titularización de tierras, que se destine el 25% de la obra pública a las cooperativas, ley de adicciones y agricultura familiar.
Por otro lado, las organizaciones se encuentran defendiendo los programas de empleo vigentes como el Hacemos Futuro ante la intención del gobierno de desmantelarlo y convertirlo en una beca con un formato de asistencia individual que deja a las y los beneficiarios desprotegidos ante una eventual baja o problemas en los pagos. Además de esto, las personas son intimidadas por personal del ANSES, quienes las inducen a dejar las cooperativas para seguir cobrando el plan. Esto es un claro intento de desarticular a los movimientos y de desorganizar a las y los trabajadores que transforman este programa en obras y servicios de mejoras en las barriadas más humildes del país.
Ante el plan de ajuste de Cambiemos y el FMI, los movimientos sociales vienen demostrando que la única manera de enfrentar esta avanzada feroz contra nuestra clase es con la mayor unidad en la calle para luchar. Con esa orientación, vienen avanzando en la propuesta de construir un sindicato único de las y los precarizados. Un paso que, desde nuestro partido, consideramos muy importante para mejorar las condiciones de lucha del sector. Sindicato que debe construirse desde una perspectiva clasista, antiburocrática y con la participación de las bases; para lo cual es fundamental la iniciativa política de los sectores de izquierda que lo integren.
Sin negar las diferencias estratégicas en cuanto a la perspectiva política; movimientos históricamente combativos y con una identidad anticapitalista y clasista como el FOL han podido coordinar la lucha en la calle con otras organizaciones y poner por delante el objetivo de derrotar el ajuste del macrismo. En este sentido, no acordamos con aquellas posiciones que ponderan permanentemente la política de delimitación por sobre el avance en mayores niveles organizativos de las y los trabajadores. Por eso, desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs entendemos que construir la unidad que nos permita golpear y dar pelea en las calles ante este proyecto de hambre y miseria es una tarea de primer orden para nuestra clase en la etapa actual, que debe ir de la mano de la construcción de un proyecto político alternativo con la unidad de la izquierda anticapitalista, antimperialista y antipatriarcal.