Desde “A Vencer” entrevistamos a Emilio Guagnini, abogado representante de la querella de la familia de Facundo Ferreira y coordinador del área de defensa de ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derecho Humanos y Estudios Sociales).

A Vencer: ¿Qué se pudo demostrar hasta el momento?

Emilio Guagnini: Hasta el momento en la causa se acreditó que Facundo Ferreira  fue muerto el 8 de Marzo en la inmediaciones de la terminal vieja de ómnibus de San Miguel de Tucumán,  con un tiro de un arma 9mm que fue disparada por el  policía Díaz Cáceres. El tiro ingreso por su nuca y salió por la frente.  Facundo circulaba en una moto con un amigo que conducía la misma. El hecho se produjo cuando dos policías que circulaban en otra moto (Díaz Cáceres y González Montes de Oca), supuestamente persiguiendo a otras motos dispararon cuanto menos 14 veces (12 veces con sus 9 mm y dos veces con una escopeta que dispara perdigones de goma). Facundo además de recibir el disparo que le dio muerte también recibió otro con perdigones de goma en su espalda. Está acreditado en la causa que González Montes de Oca tenía marihuana y cocaína en sangre esa noche por el dosaje que le realizaron.  También está acreditado en la causa que Facundo no disparó ningún arma ya que se le hizo una pericia de “barrido electrónico” sobre una muestra de sus manos que dio negativo (esta pericia da una certeza plena de si una persona disparo o no). Es sin duda alguna un caso de gatillo fácil.

 

A.V.: ¿En qué estado se encuentra la causa?

E.G.: En la causa ambos policías, después de cuatro meses de investigación y pericias, declararon como imputados por homicidio agravado. Luego de declarar ante la fiscal de instrucción, Dra. Adriana Gianoni, quedaron en inmediata libertad a pesar de que la fiscal solicito su detención.

 

A.V.: ¿Qué pensás de la decisión del juez Rougés de no dictarles prisión preventiva a los imputados?

E.G.: El juez de instrucción Rougés a pesar del requerimiento de la fiscal de dictarles la detención decidió denegar ese pedido y dejarlos en libertad argumentando que no existían riesgos procesales de entorpecer la investigación.

Esta resolución es, a todas luces, contraria a derecho ya que existen diversos elementos que dan cuenta de que sí se obstruyó la investigación. Por ejemplo, en la misma causa se presentó un policía y denunció como otros le ofrecieron favores internos dentro de la fuerza a cambio de disparar contra la casa de la familia de Facundo para amedrentarlos. Además de ello la familia ya venía denunciando que fue amenazada varias veces antes de que declaren los policías.

La intervención policial posterior al hecho tampoco fue la adecuada. Demoraron varias horas en avisar a la fiscalía de la situación; es llamativo que a Facundo lo enviaron (todavía con vida) como un accidentado en un episodio de tránsito al Hospital Padilla (más lejano) a pesar de que a pocas cuadras del lugar hay otro hospital público.

Dentro del accionar posterior de la policía se secuestró un arma calibre 22 que no tenía ni huellas digitales de Facundo ni de su amigo, ni rastros genéticos de ninguno de los dos, lo que nos hace dudar del modo en que fue ingresada esa arma en la investigación.

Desconozco lo motivos que llevaron al Juez Rougés a omitir todos estos elementos (que están dentro de la causa) y que demostraron en forma muy contundente que sí se entorpeció la investigación.

 

A.V.: ¿Por qué los imputados siguen en actividad?

E.G.: Porque el Ministerio de Seguridad de la provincia decidió insólitamente validar el accionar de ambos policías. No solo los mantienen en funciones, sino que le proveyeron del abogado de Jefatura de Policía para que lleve adelante la defensa técnica de ambos.

 

A.V.: ¿Cuál fue la actitud institucional ante el hecho?

E.G.: La actitud institucional, repito, es validar al accionar de ambos policías involucrados. Supongo que para enviar el mensaje al resto de los miembros de las fuerzas de seguridad que reciben el apoyo institucional. Esto, sin duda alguna, abona la “doctrina Chocobar” y envalentona al personal policial para el uso de armas de fuego en forma indiscriminada. Esto es muy grave porque se habilita este tipo de comportamiento de las fuerzas sin el control del debido uso de las armas de fuego.

 

A.V.: ¿Qué se prevé sobre el desarrollo de la causa?

E.G.: Desde la querella apelamos la libertad de ambos policías, y esperamos que la justicia actué conforme a derecho para garantizar el normal desenvolvimiento de la causa. La familia se encuentra muy atemorizada por las amenazas sufridas y se ve muy impactada por las resoluciones judiciales. Cabe decir también que en estos cuatro meses de pericias e investigación ya se han reunido holgados elementos probatorios que permiten realizar en este momento la elevación a juicio de la causa. Simplemente esperamos que se haga justicia por Facundo.

 

El asesinato de Facundo Ferreira no es un hecho fortuito, se enmarca en la “doctrina Chocobar”, una política represiva impulsada desde el gobierno nacional y de la que Patricia Bullrich es la principal instrumentadora. Las muer­tes de personas por el aparato represivo estatal, que ya venían creciendo expo­nencialmente desde el desembarco de Cambiemos en el gobierno, tuvieron un nuevo impulso al amparo del anuncio oficial: “Nosotros vamos a defender a los que nos cuidan”. Ante esto la única alternativa que tenemos las y los trabajadores es fortalecer nuestra organización y herramientas de denuncias, y acompañarlas de la más amplia movilización, uniéndonos en un solo grito:

Abajo la Doctrina Chocobar!

Justicia por Facundo Ferreira y por todos/as los/as vicitimas del gatillo fácil!

 

 

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