Por María del Carmen Verdú
Dicen los que saben de técnicas comunicacionales que uno de los métodos más efectivos para desviar la atención pública de los temas trascendentes es producir un diluvio o inundación continua de otras informaciones. Una avalancha bien administrada de “noticias” mantiene al público ocupado y lo aparta de lo que verdaderamente debería concitar su interés. El resultado, control social efectivo, porque se discuten banalidades y se invisibiliza lo importante. Sirve, como ejemplo gráfico, la analogía con aquel chiste de ¿cómo disimular un elefante en una calle? ¡Llenando la calle de elefantes!
Entre el 1º de septiembre y el 18 de diciembre de 2017, más de 140 personas fueron detenidas en el marco de cuatro movilizaciones (al mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, contra la presencia de la OMC y las dos contra la reforma previsional) en la ciudad de Buenos Aires. En la enorme mayoría de los casos, recién fueron excarceladas pasados tres días, con dos excepciones. Por una parte, a siete de los detenidos y detenidas del 14 de diciembre se les negó la excarcelación, luego se dictó la prisión preventiva contra cinco de ellos, de los cuales se pudo revocar en tres casos. A la fecha, permanecen detenidos Diego Parodi y José María Carrizo. Por la otra, las y los detenidos del 18 de diciembre fueron liberados sin ser indagados en el curso de la misma noche, al amparo de los cacerolazos que atronaron en toda la ciudad, y particularmente frente a sus lugares de detención.
Todas esas causas continúan en trámite y sólo en un puñado de casos hemos obtenido el sobreseimiento de compañeros y compañeras. La inmensa mayoría, aunque en libertad, sigue con la carga de una causa abierta, en diferentes situaciones (imputados sin indagar; procesamientos apelados sin resolver; sobreseimientos apelados ante la Cámara de Casación pendientes; elevaciones a juicio). Sin embargo, ese diluvio de “informaciones” al que hacíamos referencia en el copete conspira para que, salvo las y los interesados y las organizaciones involucradas en su defensa, impere el silencio y la invisibilización de tan grave circunstancia.
La estrategia judicial varió ligeramente en la causa del 18 de diciembre. En lugar de apuntar sus cañones a quienes fueron cazados y cazadas discrecionalmente en el operativo conjunto de policía de la Ciudad, policía federal y gendarmería, a quienes nunca citó para indagar y resolver su situación procesal, el juez Sergio Torres prefirió centrarse en militantes políticos que identificó a partir del análisis de fotos y videos reunidos en el expediente. Así, puso el foco sobre el compañero Sebastián Romero, del PSTU, ordenando su captura por el delito de “sedición”, utilizando la imagen en la que se lo ve lanzando un elemento de pirotecnia para instalar la versión del “mortero casero”, y sobre los compañeros Dimas Ponce y César Arakaki, del PO, a los que acusó por las lesiones sufridas por un policía al que se ve ya caído en el piso y a distancia de ellos, “armados” con banderines y pancartas.
Dimas y César fueron detenidos y permanecieron varias semanas en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, hasta que su defensa consiguió que el mismo juez reconociera que no tenía elementos para ordenar su prisión preventiva, y, aunque los procesó, debió liberarlos. Inmediatamente el fiscal interpuso recurso de apelación, y la Cámara Federal, en un fallo incomprensible, sin modificar los delitos por los que fueron procesados, todos excarcelables, decidió que debían volver a prisión. Lo irracional de la decisión, que ya fue atacada por su defensa con un recurso de casación que no tuvo respuesta todavía, surge hasta del simple cálculo aritmético. Suponiendo que los compañerospudieran ser condenados en juicio oral a la pena más grave posible por los delitos que les imputan, la pena quedaría en suspenso, ya que son delitos excarcelables y ninguno tiene antecedentes.
Por eso su defensa, ejercida por las compañeras de APEL, Claudia Ferrero y Liliana Alaniz, planteó ante la Cámara de Casación que la pretensión de los fiscales no es un simple “anticipo de pena”, como cualquier prisión preventiva, sino la efectivización ilegal de una pena que nunca deberían cumplir, aun condenados. Y esto, sin considerar la endeblez de los argumentos para el procesamiento, imposibles de sostener en un debate oral y público.
Esta grave política judicial protagonizada por jueces y fiscales federales, que venimos denunciando desde mediados del año pasado, es una pata importante de la estrategia represiva que definimos como estado de excepción, que hoy suma un nuevo elemento con la pretensión de utilizar a las fuerzas armadas, y en particular al ejército, en lo que la ley denomina “seguridad interior”, es decir, la represión.
Ante las dificultades operativas que implicaría para el gobierno de Cambiemos buscar la reforma de la leyes de Seguridad Interior y de Defensa Nacional, que distinguen ambas tareas y establecen la exclusividad de las fuerzas de seguridad para la primera y de las fuerzas armadas para la segunda, los cráneos macristas diseñaron una vía alternativa. Ya anunciaron que el cambio se hará desde el Poder Ejecutivo, mediante el recurso de reformar el decreto 727/2006, reglamentario de la ley de Defensa Nacional, de manera de esquivar el debate parlamentario. También anunciaron que el objetivo de esa medida será “brindar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en el combate al narcotráfico y el terrorismo”, y “liberar una gran cantidad de gendarmes para volcarlos a las calles y a las rutas, reforzando la presencia policial para reforzar la seguridad ciudadana frente al delito común”. No hay que esforzarse mucho para comprender que los “terroristas” que el gobierno mandará perseguir por el ejército serán compañeros y compañeras como los represaliados de septiembre y diciembre del año pasado, ni ignoramos a esta altura en qué consiste la “seguridad ciudadana” que gendarmes y prefectos brindan en calles y rutas: más detenciones arbitrarias, más tortura, más gatillo fácil.
Además de seguir aportando a la más amplia unidad de acción en las calles para unificar las luchas, mientras fortalecemos todas las experiencias organizativas independientes en el seno de la clase trabajadora, debemos estar muy alertas para que la política de distracción informativa con que nos bombardean a diario no oculte ni uno solo de estos avances brutales que lanzan sobre el pueblo trabajador. Cada lucha es todas las luchas, y debemos sostenerlas activamente.
