Cierre de empresas y locales comerciales, congelamiento de sueldos y pensiones, pago escalonado para todos los trabajadores del Estado, miles de trabajadoras y trabajadores sin cobertura social de salud, y una deuda pública que crece sin control. Desde la muerte del gobernador electo, Mario Das Neves, en Chubut se destapó una crisis política y económica solo comparable con el final del menemismo. En medio de “carpetazos” y obscenos casos de corrupción de los funcionarios dasnevistas, el Gobierno nacional se frota las manos preparando las condiciones para la llegada de la megamineria a la provincia patagónica.

El 31 de Octubre de año pasado falleció el gobernador Mario Das Neves, quién gobernara la provincia de Chubut desde el año 2003 (con un solo interludio entre 2011 y 2015 a cargo de Martín Buzzi), primero como aliado del entonces presidente Néstor Kirchner y luego como caudillo independiente, al estilo de De La Sota o los Rodriguez Saa. En vida, Das Neves imprimió una lógica bonapartista a la gestión provincial, concentrando en su figura todas las dimensiones del Estado. Tras su muerte, la sucesión se volvió rápidamente una crisis política dentro de las filas de Chubut Somos Todos (ChuSoTo), partido político creado por él mismo, y destapó la terrible situación económica que vive la provincia.

A penas asumió como primer mandatario provincial, quién fuera el vice gobernador de Das Neves, Mariano Arcioni, se precipitó a buscar el cobijo de las arcas del Estado Nacional, intentando así darle algo de estabilidad a su gestión. La respuesta del Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue condicionar cualquier tipo de ayuda económica a la firma del acuerdo fiscal, impulsado por el gobierno nacional para reducir el gasto público de las provincias. Luego de una foto junto a Macri en Villa La Angostura y el compromiso del Arcioni de acompañar la iniciativa, comenzaron a buscar los apoyos en la legislatura provincial y a imponer las primeras medidas de ajuste.

Rápidamente, se detuvieron las contrataciones del Estado, congelaron los sueldos y comenzaron los pagos escalonados para los trabajadores y trabajadoras. Aunque, no conformes con ello, el pasado 18 de marzo, gracias a los votos de Cambiemos, los legisladores dasnevistas y el FPV (Unidad Ciudadana), se aprobó por completo el Pacto Fiscal.

En términos concretos, este pacto implica: eliminación del pago por licencias gremiales; aumento del 0% para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado; recorte de horas cátedra; y la suspensión del régimen general de subsidios, lo que supone la eliminación del Transporte Educativo Gratuito (TEG), un derecho conquistado por los estudiantes y docentes de la provincia tras casi 10 años de lucha.

En este marco de ajuste feroz, además, la provincia dejó de pagar las prestaciones de la obra social de los trabajadores del estado, con lo cual, miles de familias quedan sin cobertura de salud. A su vez, en una provincia donde el Estado es el principal empleador, cada una de estas medidas tiene un impacto terrible en sector privado, lo cual ha provocado el cierre de centenares de comercios y una masa cada vez más grande de trabajadores desocupados.

Como corolario de esta situación deplorable en la cual está Chubut, el escándalo de la llamada “lista de Correa” salpica a todos los políticos que formaron parte del Gobierno de Das Neves y hasta el propio Arcioni.

A raíz de una denuncia por pago de sobreprecios en la compra de insumos para los damnificados en la inundación que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia en abril del año pasado, fueron detenidos Diego Correa y Diego Luters, secretarios privados de Das Neves. En la causa aparecen gastos astronómicos de tarjeta de crédito; uñas esculpidas y terapia psicoanalítica cargados a cuenta de la provincia; placares con doble fondo llenos de dinero; propiedades faraónicas; y hasta chequeras en blanco con la firma (¿falsa?) del difunto gobernador. Todo un escándalo.

Pero ¿por qué toda esta catástrofe política y social no goza de la misma difusión en los medios nacionales que la situación en la vecina Santa Cruz? A pesar de las enormes movilizaciones de trabajadores estatales, que coparon la capital provincial, de la multitudinaria marcha de docentes y estudiantes en defensa de TEG, y de los paros reiterados de trabajadores judiciales, bancarios, de prensa, petroleros y de la salud, el conflicto en Chubut no toma escala nacional.

Por su parte, la tan prometida “ayuda” del gobierno nacional sólo se materializó en forma de escuadrones de gendarmería para aplacar la protesta social, especialmente para las zonas de conflicto con comunidades mapuches. Sin dudas, el motivo del silencio de los grandes medios y del apoyo armado del ministerio de seguridad, es que el gobierno de Mauricio Macri plantea para Chubut uno de los proyectos de megaminería más grandes de América Latina.

El pasado 20 de febrero, el Ministro de Energia de la Nación, Juan José Aranguren, presentó un proyecto de megaminería a cielo abierto, denominado “Proyecto navidad”, en la localidad chubutense de Telsen. El mismo, supone la zonificación del territorio de la provincia, en función de la extracción de oro, plata, uranio y otros minerales. En este proyecto, la zona “privilegiada” es la meseta patagónica, la región más empobrecida y relegada históricamente. Sin embargo, este tipo de explotación no sólo es hoy ilegal debido a que se encuentra prohibida por ley, sino que además implica el uso de agua dulce con fines industriales, en una provincia en donde el consumo para sus habitantes no se encuentra garantizado. Imponer la explotación minera como proyecto de desarrollo implica, entro otras cuestiones, tomar la decisión política de entregar las reservas hídricas (subterráneas y superficiales) de toda la región a empresas trasnacionales.

La presentación del proyecto de Aranguren fue acompañada por una decena de intendentes provinciales y de un descomunal operativo policial. En el mismo sentido, el gobernador Arcioni, que en la campaña electoral 2015 y 2017 se había manifestado en contra de cualquier proyecto de megaminería, hoy plantea la necesidad de “rediscutir” la normativa vigente en la provincia, en sintonía con lo expresado por el ministro de energía en aquella reunión de febrero.

En Chubut, la ley provincial XVII N°68 (ex Ley N° 5001) prohíbe expresamente la minería a cielo abierto. Y es esta ley, que fue promulgada luego de una consulta popular hace poco más de 15 años, la normativa que el gobierno nacional y el gobierno local quieren “rediscutir”. Es así, que en la provincia, cada vez más directamente, plantean que cualquier tipo de ayuda económica va a estar ligada a aceptación del Proyecto Navidad.

En este punto, es importante recordar, que el propio Macri se reunión el 26 de enero en Suiza con Ross Beatty, presidente de la empresa canadiense Pan American Silver y principal inversor del Proyecto Navidad. Allí el presidente se comprometió a eliminar las trabas legales para la megaminería, incluida la ley de glaciares. A la luz de esto, no resulta extraño que la reunión se produjera 2 meses después de que Macri nombrara como Procurador General de la Nación, puesto que ocupaba Alejandra Gils Carbó, a Eduardo Casal, dueño del estudio jurídico que representa en nuestro país (”casualmente”) a Pan American Silver.

A pesar de la clara extorsión a la cual se está sometiendo al pueblo chubutense, en menos de 10 días, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) reunión casi 20 mil firmas en contra del proyecto. En este sentido, es necesario entender que la extracción minera y la propiedad de la tierra, son el telón de fondo de los conflictos sociales que atraviesan a la provincia, especialmente, a lo que ataña a los pueblos originarios. Chubut ya decidió, pero allí se está poniendo en juego una de las dimensiones estratégicas del proyecto económico del macrismo.

El gobierno nacional pone sus fichas en desgastar la resistencia popular en base a la agudización de la crisis económica y social en la cual está inmersa la provincia, y el gobierno de la provincia encarna las campañas antisindicales. Mientras tanto, Cambiemos prepara una campaña electoral anticipada, de cara a un posible cambio de gobierno en Chubut.

Hasta el momento, las internas dentro de la burocracia sindical son un límite palpable de cara a la construcción unitaria y la politización del conflicto. En Chubut, como en todo nuestro país, la corrupción sigue siendo utilizada como argumento para desprestigiar la política y plantear como única vía posible la tecnocracia de los CEOs. En este sentido, luchar por nuestro derecho a la tierra y al agua, así como las peleas sectoriales y las reivindicaciones gremiales, se unen necesariamente a la construcción de un proyecto independiente de los trabajadores y trabajadoras.

Organizarse contra cualquier intento de avanzada extractivista, tender lazos de solidaridad con el conjunto de la clase trabajadora de nuestro país y apostar a la construcción de un verdadero proyecto de emancipación, son tareas que nos debemos plantear aún en los momentos de crisis. En este sentido, el enorme grado de movilización el pueblo chubutense permite pensar que aún no está definida la victoria del macrismo.

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