Luego de varios años de exigir nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el gobierno de Macri anunció la apertura del debate en el Congreso. Nuestra tarea: ¡permanecer en las calles y en lucha para lograr la aprobación de la ley por nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito!
Tras varios años de grito organizado en las calles, exigiendo nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el gobierno de Macri anunció que otorgaría la posibilidad del debate sobre la despenalización y legalización del aborto en el Congreso.
Ante tanta avanzada feminista, el gobierno toma nota y pretende impulsar con la “feminización de su política” el tan esperado lugar en el Congreso a un debate que desde el campo popular venimos empujando hace años.
Como modo de contrarrestar las reformas implementadas que aumentan los niveles de pobreza y precarización, a la par que garantizan mayores riesgos y exposiciones ante situaciones de opresión patriarcal, el gobierno de Cambiemos utiliza el avance impulsado por millones de mujeres que nos organizamos en contra de todas las violencias y busca incursionar en una línea discursiva surgida de los equipos de campaña de Cambiemos. Realiza así, por ejemplo, una reunión de gabinete ampliado pero sólo de mujeres y el mismo Mauricio Macri se presenta como un “feminista tardío”.
A la par, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres y coordinadora de la ONG La Casa del Encuentro, Fabiana Tuñez, alineada con el gobierno desde los comienzos de la gestión de Cambiemos, dijo que “el cambio vino para quedarse” (en alusión a las políticas de género del macrismo) y afirmó que “estamos haciendo lo que había que hacer hacía mucho tiempo, con valentía, con coraje y escuchando a la sociedad” ya que “el año pasado el Gobierno invirtió 900 millones de pesos en políticas de género, y eso es un hecho histórico”.
Sin embargo, a menos de dos días de haber realizado este anuncio, su mismo equipo PRO comenzó a instalar una línea dura “pro-vida” devenida de su estrecha relación con la Iglesia. Tal es el caso de Esteban Bullrich, ex ministro de Educación con vínculos cercanos al Opus Dei, quien sostuvo que “hay que evitar que la mujer llegue a la situación de pedir que maten a su hijo” argumentando que desde el momento de la concepción existe una “vida” que para el Estado es sujeto de derechos. Ni mencionar la bochornosa actuación de Elisa Carrió rezando en el Congreso y exigiendo posponer el debate “porque estamos en cuaresma”.
Siguiendo con esta línea, en el Consejo Nacional del PRO se busca marcar un precedente partidario. Es que, la nueva presidenta del Consejo Nacional de Mujeres del PRO, en reemplazo de Soledad Acuña, será la diputada nacional por Corrientes, Sofia Bambilla, quien ya se anunció públicamente un claro rechazo a la despenalización del aborto.
Mientras tanto, en la realidad de nuestro país se estiman entre 370.000 y 520.000 abortos por año. En el período 2014-2016 las muertes por abortos inseguros en Argentina representaron el 17% del total de las muertes de personas con capacidad de gestación, más de 47 por año. La prohibición y criminalización cuando decidimos sobre nuestro cuerpo y la obligación a la clandestinidad para realizarnos un aborto en condiciones inhumanas, también es otro factor de desprecio ante nuestra vida.
Como contraparte para las que pueden pagarlo, las pastillas de misoprostol cuestan alrededor de los $3mil, y un aborto clandestino en clínicas privadas cuesta entre $10mil y $17mil. El 80% de las mujeres accede a un salario mínimo menor a los $10.040 por mes.
Por otra parte, si bien en 2015 el Ministerio de Salud de Nación lanzó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, el cual está diseñado en base a la comprensión fundamental de que todo el personal de salud es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir una gestación, no todas las provincias lo implementaron ni se rigen por el mismo. Por lo tanto, cada provincia o municipio tiene la posibilidad de implementar otro protocolo según acuerdos políticos regionales específicos. Y en aquellas que sí está implementado, no se brinda la atención ni el seguimiento necesario para realmente garantizar el derecho de modo integral: los efectores de salud no cuentan con la medicación, se da libertad de acción para que el personal se inscriba como “Objetor de conciencia”, y el médico o el personal puede negarse a realizar un aborto no punible, incluso incumpliendo la condición de garantizar alguien en el servicio o la institución que deba realizar el aborto igual.
Esto deja a muchísimas mujeres y personas con capacidad de gestar frente a la imposibilidad de acceder a este derecho, y las empuja a métodos inseguros y clandestinos, cuando no a maternidades forzadas que no fueron deseadas. A esta situación se le suman los maltratos institucionales con los que son violentadas en muchos de los hospitales o centros de salud, en algunos casos el mismo personal hospitalario llega a realizar denuncias ante la justicia patriarcal, promoviendo así la criminalización y la cárcel de las mujeres pobres, que son quienes llegan a estas situaciones. El caso de Belén en Tucumán – quien gracias a la lucha del movimiento feminista, de mujeres y disidencias fue absuelta- fue un claro ejemplo de ello.
Ahora, gracias a la lucha que hace más de 14 años venimos dando desde el movimiento organizado y junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito hemos logrado que el martes 20 de marzo comience la discusión por la despenalización y la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en plenario de comisiones del Congreso de la Nación. La metodología de trabajo elegida prevé discutir dos meses, comenzando con los proyectos a favor de la interrupción voluntaria, para considerar luego los que se oponen a la despenalización: 2 que prohíben el aborto y otros 4 que proponen convocatorias a consulta popular.
La iniciativa que cuenta con más respaldo es la impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, presentada el pasado 6 de marzo por séptima vez y que contó con el apoyo de 72 firmas de diversos bloques políticos. La mecánica sería agrupar a las y los expositores según los temas (ética, temas sanitarios, salud, ciencia), dando paso luego a sectores de la sociedad, las ONG, la comunidad científica y médica o la Iglesia.
Con organización popular: ¡aborto legal ya!
Desde el movimiento de mujeres y disidencias venimos insistiendo hace mucho tiempo: no se trata de creencias, se trata de una política pública de salud rechazada por todos los gobiernos que deja un saldo de 3 mil mujeres muertas por practicarse abortos clandestinos en democracia y sobre la cual hay que avanzar ya. Mientras así no sea, son femicidios de Estado que se podrían evitar. Hay que destituir la idea de que la mujer es la responsable tanto de quedar embarazada como de necesitar realizarse un aborto cuando desde el Estado no se garantizan nuestros derechos para no llegar a gestaciones no deseadas. Nuestros cuerpos son nuestros y tenemos que decidir sobre ellos y la planificación de vida que queremos.
Hasta que eso finalmente no suceda vamos a seguir saliendo a las calles haciendo temblar el mundo, esta vez con pañuelos verdes. La anticoncepción no puede pasar solamente por nuestro cuerpo y hay que desterrar toda violencia ejercida sobre los mismos para que nuestras vidas valgan realmente y podamos vivir libremente.
¡Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir!
