Los recientes anuncios del traslado de un escuadrón de Gendarmería Nacional a Neuquén y otros destinos de la Patagonia confirman las intenciones que el gobierno había expresado hace tan solo unos meses. Pretenden reforzar la presencia del aparato represivo en el territorio para controlar cualquier conflicto interno que advierta una potencial amenaza a la expansión de la actividad extractiva y la apropiación de las últimas porciones de suelo en disputa. El ministro de seguridad de la nación Eugenio Bursaco, anunció el traslado de cientos de uniformados a las adyacencias de la formación geológica Vaca Muerta, uno de los principales yacimientos de petróleo y gas del país. Se trata de la misma fuerza responsable de los asesinatos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel.
Hasta el momento, una de las pocas respuestas integrales del macrismo a la situación del país es el comando unificado de las fuerzas represivas con base en la Patagonia. La decisión se justifica como parte de una reorganización táctica para combatir el narcotráfico y garantizar “seguridad”, lo que no dicen es para quién. Gendarmería se ha constituido en garante necesaria de la superexplotación de las multinacionales en nuestros territorios. Desde hace más de una década el espionaje interno de personas y organizaciones, los desalojos ilegales y la represión de la protesta social han requerido de Gendarmería como parte del brazo ejecutor de una política de saqueo.
Queda claro que el objetivo es la criminalización de los sectores que resistimos el ajuste y el hambre, y asegurar la maximización de la rentabilidad de las empresas petroleras multinacionales y de las burguesías regionales (enriquecidos funcionarios provinciales). La lucha del pueblo mapuche es reprimida cada vez con mayor fuerza, muestra de ello es la aceptación al pedido de extradición de Facundo Jones Huala por un hecho ya juzgado; y la judicialización de las comunidades y militantes sociales que se oponen al desarrollo de la actividad extractiva minera y petrolera.
El gobierno de la provincia se abstiene de hacer declaraciones, pero sus vínculos históricos con el ministro de seguridad, por entonces asesor de Sobisch, y sus intereses económicos como beneficiario directo de la industria extractiva lo ubican como principal aliado del macrismo en estas iniciativas. Con tan solo mencionar las acciones que los principales funcionarios del MPN tienen en importantes empresas de servicios petroleros; o el escándalo mediático, que puso en evidencia el diario El País, al revelar depósitos bancarios de grandes sumas de dinero que el ex gobernador habría recibido como coimas por la ampliación de las concesiones petroleras.
Enemigo interno
La provincia de Neuquén está siendo laboratorio de una estrategia que pretende utilizar la legislación anti terrorista como método de disciplinamiento para resguardar los capitales transnacionales en detrimento de las necesidades del pueblo trabajador. Norma jurídica que dejó los años de mandato del gobierno kirchnerista.
Desde hace tiempo las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos venimos denunciando el montaje mediático del gobierno nacional y provincial, que mediante análisis forzados intentan poner como elementos peligrosos, cercanos al terrorismo, a cualquier colectivo o persona que se organice en contra de este plan neoliberal, alimentando sentimientos racistas, xenófobos y reaccionarios entre importantes sectores de la sociedad.
Funcionarios de distintas fracciones políticas, como el intendente de la ciudad capital, Horacio Quiroga (PRO), y José Jerez, jefe de fiscales de la provincia; han desfilado por medios nacionales poniendo el acento en supuestos atentados que nunca se llegaron a cometer y que luego de algunos meses quedaron en el olvido. Reuniones bilaterales con Chile tendientes a desactivar supuestas acciones terroristas. Posibles conexiones entre organizaciones argentinas y chilenas. Por si esto no fuera suficiente, inventan vínculos inexistentes entre el pueblo mapuche y el ejército Kurdo, funcional a la política de estigmatización y desprestigio de estos pueblos, instalada por el imperialismo, y sus colaboradores locales, a través de los medios de comunicación hegemónicos. En simultáneo el Ministerio de Seguridad de la Nación y los Gobiernos de las Provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut dan a conocer el denominado Informe RAM.
Pero lo único que existe hasta el momento son declaraciones públicas y el desbaratamiento de operaciones de inteligencia truchas que realizó Carabineros de Chile. La operación “Huracán” demostraba una supuesta conexión internacional, pero solo ha sido un montaje de la policía chilena. En nuestro país los montajes son mediáticos y judiciales, y hasta el momento han logrado mantener impune los asesinatos de Santiago y Rafael.
La antesala de un plan represivo más amplio
¿Cuál es el trasfondo de estas operaciones conjuntas entre el Poder ejecutivo, el Poder judicial y las fuerzas represivas? Generar elementos comunes entre varios hechos y, una vez demostrado esto mediante falsas y manipuladas “evidencias científicas”, encuadrarlos como delitos federales y factibles de ser juzgados con la tipificación de terroristas.
El escenario abierto en el territorio neuquino tiene como telón de fondo uno de los principales proyectos de inversión del capital internacional. La estrategia de disciplinamiento y control social que pretende el gobierno de cambiemos es a largo plazo. La represión violenta es solo uno de los recursos pero imposible de sostener por sí solo debido a la resistencia del pueblo argentino y toda su experiencia acumulada tras los años de dictaduras militares. Se hace necesario crear un enemigo interno como medio para generar jurisprudencia legal y un precedente político que amenaza a cualquier fuerza disidente; un sindicalista, funcionario opositor o cualquier militante que tenga prácticas políticas disruptivas o enfrente al poder del Estado y el Estado de derecho. Camino que la justicia chilena ha comenzado hace muchos años.
Enfrentemos de conjunto y en unidad este intento del gobierno de Cambiemos y por reflejo de quienes gobiernan las provincias patagónicas de instalar la nueva doctrina de seguridad interna en nuestros territorios. Debemos seguir movilizados y alertas resistiendo cada avance de las fuerzas represivas y el aparato judicial sobre el pueblo trabajador y las organizaciones de luchadores y luchadoras.
