Hoy, cerca del mediodía se conoció la noticia de la muerte del genocida Reynaldo Bignone, el último presidente de la junta militar y protagonista de múltiples crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. La muerte de Bignone se suma a la reciente de Luciano Benjamín Menéndez. Los dinosaurios, efectivamente, están desapareciendo.
Bignone, al igual que Jorge Rafael Videla y que Roberto Viola, sus antecesores en la presidencia de la junta de gobierno de la última dictadura, perteneció al cuerpo de Infantería y a la promoción 76 del Colegio Militar. Fue justamente director de ese mismo colegio, el año en el que se da el Golpe de Estado, logrando así pasar de puestos de no demasiada jerarquía a un lugar relevante.
Un mandato para garantizar la impunidad
Su llegada a la presidencia en 1982 tuvo la particularidad de que no contó con el aval de ninguna de las fuerzas restantes, sumidas todas en una disputa interna por dirimir las responsabilidades de la guerra de las Malvinas. El objetivo del gobierno militar, y particularmente del ejército era “ordenar la transición”. Ese objetivo, tenía dos elementos destacados: negociar con los partidos políticos los términos de esa transición, y dejar lo más allanado posible el terreno para la impunidad respecto a las desapariciones y el robo sistemático de bebes. De más está decir, que este segundo elemento era innegociable.
Para conseguirlo, en abril de 1983, Bignone dio a conocer un escrito llamado “Documento Final sobre la Guerra contra la subversión y el terrorismo”, en el que se legitimaba el plan sistemático de extermino, calificando su accionar como necesario para la “defensa de la comunidad” y dejaban en claro que el accionar de las Fuerzas Armadas fue producto del pedido de intervención del gobierno constitucional encabezado por María Estela Martínez de Perón. En septiembre de ese año, ya oficializadas las listas para las elecciones presidenciales, la Junta promulgó la “Ley de Pacificación” o de autoamnistía, quizás el más cínico de los documentos de esta etapa, donde establecían la prohibición de citar a declarar a cualquiera de los sospechosos de involucramiento en acciones tendientes a “prevenir” actividades terroristas o subversivas, dejando así libres de culpa a los involucrados en cualquier escala. Cómo si esto fuera poco, el mismo Bignone ordenó que se quemara toda la documentación respecto a la “guerra sucia”, tarea que evidentemente no se completó. Pese a todo esto, ya en el alfonsinismo, la cuarta junta militar que encabezó fue exceptuada del Juicio que tuvo lugar en 1985.
Los crímenes por los que fue juzgado
La participación de Bignone en el desarrollo del plan genocida fue protagónica desde sus inicios. La zona que le habían asignado dentro del plan represivo fue la Zona 4, área 480, con jurisdicción en Campo de Mayo, donde funcionaban cuatro centros clandestinos de detención: El Campito, La Casita, el Hospital Militar y la Cárcel Militar de Encausados. Fue justamente por la Megacausa Campo de Mayo II que se lo condenó a prisión perpetua en el año 2010. En el siguiente tramo y en el cuarto de la misma causa, se lo condenó nuevamente con la mayor de las penas por desapariciones y tormentos. En el 2011, le dieron 15 años de condena por secuestros y torturas en el centro clandestino que funcionaba en el Hospital Posadas. De la misma magnitud fue la condena en el juicio por el Plan sistemático de apropiación de menores. La última de las penas (20 años de prisión) le llegó hace tan sólo dos años, en el juicio por el plan Cóndor. En cada una de las oportunidades, Bignone siguió reivindicando su accionar, llegando incluso a pedirle a la juventud que siga con lo que ellos no habían podido terminar. Sin lugar a dudas, hasta los gusanos se van a retorcer por tener que alimentarse de una basura de esta magnitud.
La lucha contra la impunidad sigue vigente
La muerte de cada uno de estos genocidas tiene una contrapartida: se llevan con ellos mucha información valiosa para poder conocer los alcances verdaderos de la última dictadura y poder seguir juzgando a más militares. Esto toma aún mayor valor, si tenemos en cuenta las políticas del macrismo, que justamente apuntan a garantizar la impunidad y el pacto de silencio. Así lo viene poniendo de manifiesto diversos funcionarios desde el primer día, y lo confirman acciones como que la secretaria de Derechos Humanos dejé de ser querellante en los juicios que se están llevando adelante contra los militares.
Pero no sólo eso. En ese sentido se enmarcan también los despidos en el Ministerio de Defensa, en donde se desarmó al equipo que se encargaba de permitir la accesibilidad a los archivos de las Fuerzas Armadas, de donde salieron importantes documentos para los juicios. Ni que hablar del pedido reciente del ejecutivo de la prisión domiciliaria de 96 genocidas bajo la excusa de superpoblación carcelaria. Incluso parece mentira que en la apertura de las sesiones del Congreso, el presidente Macri anunciara la creación de un Parque Nacional en Campo de Mayo, sitio donde aún quedan por extraer pruebas, y en donde se perpetuaron crímenes de lesa humanidad.
¡Por todo esto es que decimos Basta de impunidad y represión!
¡Por todo esto, el 24 de marzo tenemos que ser miles en las calles de todo nuestro país!