Por María del Carmen Verdú
Las movilizaciones populares del 24 de marzo en todo el país, y en particular la marcha a Plaza de Mayo organizada en la Ciudad de Buenos Aires por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, sintetizan hace décadas las luchas contra la represión de ayer y de hoy. La coyuntura actual, signada por el mayor avance de la represión estatal en los últimos 35 años, nos convoca a todos y todas a construir una jornada nacional de movilizaciones masivas, que exprese la decisión del campo popular de enfrentar unido un gobierno que reivindica expresamente la dictadura cívico-militar-eclesiástica, fusila en los barrios, tortura en las cárceles y persigue y encarcela luchadores y luchadoras.
El 24 de marzo del año pasado la consigna central de la marcha de Congreso a Plaza de Mayo fue “Son 30.000 – Fue genocidio”. Por primera vez en muchos años debimos responder reiterados actos y declaraciones del gobierno que pusieron en cuestión la cantidad de desaparecidos/as, para luego avanzar hacia una explícita y sistemática reivindicación del terrorismo de Estado y de sus protagonistas civiles y militares.
Ese escenario ya inédito resultó un simple preludio de lo que seguiría, con el intento de la Corte Suprema de beneficiar a los genocidas con el 2×1 y su efectivización a través del reparto a manos llenas de arrestos domiciliarios a más de medio centenar de represores procesados y condenados en reiteradas ocasiones, con el regreso del chacal Etchecolatz a su casa en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata como caso paradigmático. Pasada la mitad del año pasado, la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel marcaron el inicio de una etapa superior de la avanzada represiva que caracteriza al gobierno de Cambiemos.
Escuchamos a la ministra Patricia Bullrich, a la vicepresidenta Gabriela Michetti y al presidente Mauricio Macri decir cosas como “No voy a tirar un gendarme por la ventana”, “La versión de las fuerzas es versión de verdad”, “El beneficio de la duda es siempre para las fuerzas” o “Hay que volver a la lógica de que la voz de Alto significa que te entregás”. Estas declaraciones oficiales tuvieron inmediato acatamiento de las fuerzas de seguridad, como se vio el 1 de septiembre en CABA, con 31 detenidos y detenidas; en Córdoba, cuando la Marcha contra el Gatillo Fácil en Córdoba esa misma semana fue seguida por el allanamiento simultáneo a 11 locales de organizaciones populares, y, naturalmente, en la lógica bélica de los operativos conjuntos para reprimir las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires el 11, 13, 14 y 18 de diciembre.
En el mismo cuadro es necesario incluir el “Informe sobre la RAM”, publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, con tantas inexactitudes y mentiras que daría risa si no conociéramos el objetivo buscado: deslegitimar las luchas en todo el mundo por la liberación de los pueblos y demonizar a quienes las protagonizan o son solidarios y solidarias con ellas.
Así como el poder judicial rápidamente se acomodó a la orden de aliviar la situación de los genocidas con los indultos “a goteo” de las domiciliarias, también jueces y fiscales se sumaron a la ofensiva. En cada una de las detenciones masivas en movilizaciones empezó a intervenir la justicia federal, mucho más eficaz para prolongar las detenciones y agravar las imputaciones, con una nueva lógica persecutoria, que utiliza todos los recursos tecnológicos disponibles para invadir la privacidad de las personas y violentar el derecho a la libre expresión.
Llegamos al punto más alto –por ahora- hace unos días, con los fallos de la Cámara Federal en las causas del 14 y el 18 de diciembre. En ambas, los jueces Farah e Irurzun instalaron la tesis de que personas comunes y corrientes deben permanecer presas aunque estén acusadas por leves delitos excarcelables porque “de estar en libertad, podrían obstaculizar el proceso”, claro que sin explicar cómo ni con qué recursos lo harían. Así, de los cinco compañeros que permanecían presos desde el 14/12, sólo liberaron a dos trabajadores precarizados en situación de calle, porque quedaron contra las cuerdas sin nada de qué acusarlos, pero otros tres manifestantes continuarán presos hasta que sean juzgados. Dado que sólo se los acusa por atentado a la autoridad, con pena mínima de seis meses y máxima de dos años, es probable que permanezcan en prisión más tiempo que la pena que eventualmente podrían recibir si se los condena. Y en la causa del 18/12, ordenaron la nueva detención de los militantes del Partido Obrero César Arakaki y Dimas Ponce, también acusados por delitos por los que nadie debería ir preventivamente preso, lesiones en riña y, nuevamente, atentado a la autoridad.
Siguen en pie las persecuciones al militante del PSTU Sebastián Romero por usar un fuego de artificio y contra los compañeros Nadia Paris y Fermín Martínez de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Neuquén, y en días conoceremos la sentencia en el juicio por el irregular pedido de extradición del lonko Facundo Jones Huala a Chile.
Mientras tanto, no hay un solo gendarme preso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, sino varios ascendidos; no hay un solo prefecto imputado siquiera por fusilar por la espalda a Rafael Nahuel; no hay un solo policía identificado como autor de algunos de los disparos que se cobraron cinco ojos de trabajadores el 18/12.
Sobre la base del impresionante aumento de la militarización de los barrios y el crecimiento de las muertes por gatillo fácil y en lugares de detención, a principios de este año, de la mano del “caso Chocobar”, el gobierno nacional dio un nuevo salto, con el protagonismo de la ministra de Seguridad, apoyada por el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete, y rápidamente asumido por el presidente Macri, quien, horas después del procesamiento del policía Luis Chocobar por matar por la espalda a una persona desarmada, lo recibió en Casa de Gobierno, lo abrazó y le dijo: “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”.
Con esa frase, y la posterior conferencia de prensa en la que Bullrich enunció la “nueva doctrina” de la inversión de prueba para la policía, el gobierno de Mauricio Macri hizo pública la orden a las fuerzas de seguridad: disparen, que acá estamos para bancarlos.
En cuestión de horas se vio que la directiva fue comprendida y acatada. Al día siguiente, el frente del local de CORREPI amaneció con un grafiti provocador, “Aguante Chocobar”, y se produjeron varios fusilamientos policiales en diferentes lugares de la zona metropolitana, como Quilmes y Monte Grande.
Enfrentamos así un gobierno que reivindica el genocidio y premia a sus protagonistas, mientras decreta la pena de muerte a punta de reglamentaria en los barrios, contra las y los más vulnerables, y criminaliza y persigue militantes y organizaciones del campo popular. Ambas aristas de esta política represiva responden a la necesidad de dar eficacia al disciplinamiento y control social necesarios para avanzar en el conjunto de su política antiobrera y pro-patronal, hacia la reformulación profunda de las relaciones capitalistas que Macri y sus socios quieren imponer a largo plazo.
Por eso este 24 de marzo, como nunca, llenemos las calles y las plazas, con las banderas de las y los 30.000 y de las y los caídos en las luchas populares, con el reclamo de la libertad para las y los que luchan, con la exigencia de cárcel común y efectiva a los genocidas de ayer y a los represores de hoy, y que el mundo nos escuche gritar que Macri es impunidad, ajuste, saqueo y represión, y acá hay un pueblo que lucha y se organiza.
