El año pasado cerramos diciembre con despidos y represión, con el ajuste golpeando en nuestras espaldas tanto como las balaceras policiales en la Plaza Congreso. No satisfecho, el gobierno de Cambiemos inicia el año con nuevos despidos, criminalización de la protesta y sobre todo con más violencia sobre las mujeres y disidencias.
Nuevamente el 8 de marzo, cientos de miles de mujeres de nuestro país estaremos en las calles, no sólo en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sino también en el contexto de un nuevo paro internacional. Por segunda vez seremos nosotras las que paremos el país, mientras las temerosas y negociadoras centrales sindicales aún ruegan por tener lazos dialoguistas con este gobierno de ricos y CEOs.
En todo el mundo nuestras reivindicaciones son clarísimas: queremos vivir una vida libre de violencia machista, libre de explotación y opresiones. Libres de los gobiernos misóginos que sólo ejecutan más y más ajuste y violencia sobre nuestros cuerpos.
En nuestro país, el año comenzó con una nueva ola de despidos en diversos sectores, destacándose la poda sobre todo en áreas del Estado. En la primera semana de enero ya se registraban 3 mil despidos que golpean la realidad de miles de mujeres que son jefas de hogar.
La situación de violencia económica de mujeres e identidades disidentes se profundiza cada vez más, ampliándose la brecha salarial en comparación a los varones, eliminándose el acceso a derechos básicos como trabajo digno, salud gratuita y de calidad, como también la garantía de jardines materno-paternales en espacios laborales.
Mientras el ajuste y los tarifazos siguen y siguen golpeando el magro salario que recibimos, somos nosotras las que aún estamos obligadas al trabajo doméstico, el cuidado de niñxs y adultxs mayores. Mientras las travas y trans ven cada vez más coartado el derecho al cupo laboral.
En este contexto se profundiza aún el impacto de las medidas misóginas y machistas, provenientes de un gobierno y un Estado patriarcal y capitalista que garantiza la doble explotación y las opresiones que vivimos a diario.
Por eso este 8 de marzo coparemos las calles, las trabajadoras despedidas, en conflicto y las que luchan por una vida digna. Mujeres del INTI, del Hospital Posadas, las despedidas en el Estado, maestras y profesoras, ferroviarias, mujeres y disidencias de los barrios, que no sólo son ejemplo de lucha, sino que también son la muestra del entramado de sororidad, solidaridad feminista y de clase. Si tocan a una, respondemos todas.
El plan de ajuste: el Estado como ejecutor de la violencia machista sobre nuestros cuerpos y vidas
La escalada de recortes en el Estado son la muestra del desprecio total hacia nuestra vida. En la aprobación del Presupuesto 2018, el gobierno logró el consenso para el recorte de caja principalmente hacia el Instituto Nacional de las Mujeres disminuyendo no sólo los subsidios para víctimas de violencia machista, sino también limitando la construcción de refugios, como también los recursos para el asesoramiento o la intervención de equipos interdisciplinarios que realizan acompañamientos a mujeres, trans o travas en situación de violencia. Incluso en los últimos años, se agravó la situación de tercerización y la privatización (es decir, derivar la política de Estado a ONGs que reciben sumas millonarias) como es el caso de los Centros Integrales de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras tanto, estas políticas públicas son llevadas adelante en su mayoría por mujeres trabajadoras precarizadas, que carecen de estabilidad laboral y en muchos casos sin derechos mínimos como licencias por maternidad, ART, aguinaldo u obra social. En estos espacios de trabajo son prácticamente nulos los lactarios.
Por otra parte, aún seguimos esperando la implementación de las supuestas medidas del “Plan de Acción” del que tanto habló Fabiana Tuñez junto con el macrismo, que solamente garantiza la creación de 69 refugios con plazo a 2019: es decir, menos de 2 hogares por provincia.
En el mismo sentido, el desarrollo de las políticas sociales, vinculadas al abordaje y seguimiento de casos de violencia, se realiza de manera desarticulada, con un presupuesto casi nulo. Mientras que los programas carecen de los recursos materiales básicos, se atiende en lugares con infraestructura deteriorada, sin condiciones de intimidad y protección para las denunciantes, sobrellevando largas horas para recibir atención. Tomar la decisión de denunciar las violencias machistas y de acceder a un posible amparo estatal redunda en nuevos procesos de revictimización y violencia.
Si nuestro derecho a vivir, para ellos no vale nada, entonces nosotras estaremos en las calles exigiendo nuestro derecho a una vida digna, al aborto legal seguro y gratuito, al cupo laboral trans y trava, al acompañamiento de equipos interdisciplinarios, a la construcción de refugios.
El impacto de las reformas: el ajuste cargado de balas
Las reformas que el gobierno de Cambiemos viene a implementar no sólo aumentan los niveles de pobreza y precarización, sino que garantizan mayores riesgos y exposiciones ante situaciones de opresión patriarcal, situación que se profundiza en grupos de mayor vulnerabilidad como el de las mujeres precarizadas y jubiladas.
El 62% del total de lxs jubiladxs son mujeres que cobran un haber mínimo de $7.246. Un monto miserable que no alcanza a cubrir las necesidades básicas. A esto se agrega que las mujeres cobran un 24,5% menos de jubilación por el hecho de ser mujeres, teniendo en cuenta que el 86% ingresó a la moratoria y accedió a jubilarse sin haber completado los 30 años de aportes.
El plan de moratorias se ve en peligro con la reforma previsional, situación que desplazaría a miles de mujeres de poder acceder a una jubilación, dado que los grados de informalidad son mucho mayores, situación que impide tener los años de aportes requeridos.
Mientras tanto para las disidencias sexuales, jubilarse es casi una utopía. La mayoría está privada de derechos básicos como la salud, vivienda y educación pública, sumado a la violencia y exclusión que sufren por su identidad, generando así que muchxs ni siquiera lleguen a los 40 años de vida, lo que se conjuga con escasas posibilidades de acceso a un empleo formal.
El Estado no solo genera exclusión y sanción al carecer de políticas sociales que permitan un acceso a derechos mínimos, sino que reproduce la estigmatización, persecución y la discriminación a través de políticas como el Protocolo General de Actuación de Registro Personales para personas pertenecientes al colectivo LGTB, el cual garantiza las detenciones arbitrarias a base de binarismo y prácticas heteronormativas que castigan la disidencia.
Por eso exigimos la implementación YA del cupo laboral trans/trava y el tratamiento del Proyecto de Reparación Histórica de personas trans ante la violencia institucional.
La violencia y el odio ante nuestra diferencia
La situación es grave. Al entramado de prohibiciones para acceder a derechos muy pero muy básicos como la salud pública o la educación, a la vida de una trava o trans se le agregan mayores problemas: la esperanza de vida es bajísima, mientras que la expulsión del hogar, la imposibilidad de un trabajo formal o digno, la violencia institucional, la persecución y la muerte, es parte de la cotidianeidad.
La mayoría de las personas trans denunció ser víctima de violencia y discriminación policial y el 80% de las mujeres trans y travestis se encuentra en situación de prostitución, ante la imposibilidad de ser contratadas para cualquier tipo de trabajo que garantice un salario mínimo. Por otra parte, la mayoría no posee cobertura médica y en los hospitales son discriminadas por su identidad. Todo esto va en contra de la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género que reconoce el derecho a la identidad de las personas, garantizando un trato digno, como también el cambio de identificatorio en la partida de nacimiento y DNI sin requerir de autorización judicial o modificación corporal acorde al género autopercibido.
A esta gravedad se le incluye el desprecio y el hostigamiento policial, la tortura y el abuso, la prisión o detención arbitraria, como también el crimen de odio, el travesticidio o transfemicidio que pasa inadvertido ante una justicia patriarcal y machista, que deja en libertad e impunidad a todos los imputados.
Lo que es y lo que se viene: la respuesta de un Estado violentamente machista
Actualmente las mujeres ganamos en promedio, un 27% menos que los varones, por la misma tarea. La brecha salarial se amplía aún más (hasta un 39%) en trabajos informales. Las tasas de desempleo también son mayores entre nosotras, siendo las mujeres menores a 29 años las más afectadas (casi el 25%).
Mientras tanto, la jornada laboral se extiende para nosotras: en promedio dedicamos más de 6hs diarias a las tareas domésticas y cuidados de niñxs o adultxs mayores, lo que representa casi una jornada de trabajo más.
Mientras tanto la respuesta del gobierno es muy clara: la implementación de la reforma laboral tiene entre sus manos la mayor precarización del trabajo, el aumento de la informalidad, la garantía de los despidos, la flexibilización de derechos y omite las desigualdades entre varones y mujeres. Ni hablemos que no menciona en absoluto en ningún apartado las condiciones laborales de las disidencias sexuales y ni mucho menos va en consonancia con la implementación efectiva del cupo laboral trans/travesti.
Pero esta no es la única respuesta que el Estado brinda. La prohibición y criminalización cuando decidimos sobre nuestro cuerpo, la obligación a la clandestinidad para realizarnos un aborto en condiciones inhumanas, también es otro factor de desprecio ante nuestra vida. Un aborto clandestino cuesta entre $10mil y $17mil, mientras que las pastillas de misoprostol cuestan alrededor de los $2500. Y el 80% de las mujeres accede a un salario mínimo menor a los $10.040 por mes.
Por otra parte, no todas las provincias implementaron el “Protocolo para la atención de abortos no punibles”. y en aquellas que sí está implementado, no se brinda la atención ni el seguimiento necesario. Mayoritariamente es muy dificultoso encontrar en centros de salud públicos y hospitales, personal que no se inscriba como “Objetores de conciencia”, donde el médico o el personal puede negarse a realizar un aborto no punible, porque no está de acuerdo. Esto deja a muchísimas mujeres y personas con capacidad de gestar, sin la posibilidad de acceder a este derecho.
En otros casos las pacientes son denunciadas por el mismo personal hospitalario ante la justicia y criminalizadas con la cárcel, como también suceden casos que llegan a centros públicos de salud sobrepasando un aborto natural: son denunciadas y enviadas a la cárcel como fue el caso de Belén en Tucumán que gracias a la lucha del movimiento feminista, de mujeres y disidencias fue absuelta.
Tras varios años de grito organizado en las calles, exigiendo nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el gobierno de Macri anunció que otorgaría la posibilidad del debate sobre el proyecto en el Congreso. A menos de dos días de haber realizado este anuncio, su mismo equipo PRO comenzó a instalar una línea dura “pro-vida” devenida de su estrecha relación con la Iglesia. Tal es el caso de Esteban Bullrich, ex ministro de educación con vínculos cercanos al Opus Dei, que dijo “Hay que evitar que la mujer llegue a la situación de pedir que maten a su hijo” argumentando que desde el momento de la concepción existe una “vida” que para el Estado es sujeto de derechos. Ni mencionemos la bochornosa actuación de Elisa Carrió rezando en el Congreso y exigiendo posponer el debate “porque estamos en cuaresma”.
No se trata de creencias, se trata de una política pública de salud rechazada por todos los gobiernos, que deja un saldo de 3000 mujeres muertas por practicarse abortos clandestinos en democracia.
Notoriamente no sólo el equipo de CAMBIEMOS sufre de una ignorancia de códigos, leyes y protocolos, sino que son varios los diputados y senadores que mantienen un discurso misógino, antiabortista, que promueve la falsa idea de que la mujer es la responsable tanto de quedar embarazada como de necesitar realizarse un aborto. Es preocupante a su vez que se instale a nivel mediático la idea de que “si se legaliza el aborto se va a utilizar como un método de anticoncepción más” desconociendo lo doloroso que es para una mujer atravesar por un aborto y en segundo lugar, omite que la anticoncepción NO es tarea obligatoria de las mujeres ni de las personas con capacidad de gestar. Los varones también deben asumir esta responsabilidad.
Nosotras exigimos nuestro derecho a la educación sexual integral para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. La anticoncepción no puede pasar solamente por nuestro cuerpo.
Mientras la iglesia nos persigue y la justicia patriarcal nos criminaliza, la coyuntura se desenvuelve con ajuste, represión y disciplinamiento. Esta etapa es clave en todo el continente, para desregular aún más las relaciones laborales, reordenar las relaciones de producción en pos de garantizar una mayor acumulación para el capital, flexibilizando las condiciones de empleo y atacando a su vez, el “gasto” público social. Ejemplos de cómo incide mayormente en mujeres estas transformaciones son el presentismo aplicado en los organismos estatales de dependencia nacional, donde se descuenta si la ausencia es por enfermedad propia o de familiar, a sabiendas de que somos principalmente las mujeres quienes desarrollamos tareas de cuidado. La aplicación de la Cobertura Universal de Salud (CUS), la reducción de pensiones por discapacidad, son otros ejemplos de cómo el estado violenta a las identidades de género más vulnerable a través de sus políticas.
Ante la criminalización y persecución del Estado patriarcal
Ante las medidas misóginas de este gobierno
Ante la violencia machista
Por nuestro derecho a decidir, por nuestro derecho a vivir una vida digna y libre de violencias machistas
Este 8 de marzo, las mujeres, las travas, trans, negras, migrantes ¡PARAMOS!
¡Y que la tierra TIEMBLE!
