Por Karina Olivares – Secretaria de Derechos Humanos del Sindicato docente Ademys
La educación es, sin lugar a dudas, un campo fundamental de disputa ideológica, que en la etapa actual asume un nivel de virulencia significativo en sintonía con el contexto político en nuestro país y en la región.
Como trabajadores/as de la educación, jugamos un rol cotidiano en la construcción de sentidos, pero hay fechas como el 24 de marzo que nos interpelan de manera particular. En los últimos años, la institucionalización como “efeméride” dio pie a la extensión del debate histórico sobre la última dictadura cívico-militar-eclesiástica en nuestro país y su tratamiento de manera más masiva en las escuelas.
Lógicamente, el abordaje y profundización de los contenidos relacionados con el aniversario del golpe de 1976 han sido desarrollados de manera muy dispar entre la docencia. Desde el rechazo más o menos abierto de quienes asumen una posición de derecha, hasta compañeros/as cuyo trabajo “de hormiga” iniciado tiempo atrás empezaba a ser menos solitario.
En términos generales, las propuestas pedagógicas de un amplio sector se enmarcaron en la línea difundida durante los gobiernos kirchneristas. Un abordaje que simplifica el análisis histórico y de algún modo reduce la cuestión de los DDHH a los crímenes ejecutados por la dictadura. Teñido de una visión maniquea según la cual solo existieron las Juntas militares y el pueblo como un bloque, los malos y los buenos, con su correlato posterior en “el modelo” y Magneto, esos puntos de vista pretenden ocultar algo fundamental: la perspectiva revolucionaria por la que peleaban los y las compañeras que se planteaban construir una sociedad sin ningún tipo de explotación y opresión. Una sociedad socialista. En síntesis, se plantea la historia como una pelea de personajes y no como lucha de clases. Un reflejo perfecto de esta situación se puede ver en los materiales de difusión dirigidos a las niñas y niños, como el capítulo de Zamba “La asombrosa excursión de Zamba a la Casa Rosada”, masivamente utilizado en las aulas para abordar el tema.
Sin embargo, a pesar de las limitaciones, se fue desarrollando un proceso interesante a nivel educativo. Avances que fueron el resultado de la lucha de los organismos de Derechos Humanos y de nuestro pueblo y sus organizaciones y que alcanzaron un piso de acuerdos más o menos compartido, cerrando el paso a la enseñanza basada en la justificación o el ocultamiento del genocidio y de sus consecuencias. Se ganó terreno en la sociedad acerca de la necesidad de abordar la temática en las escuelas, incluso la obligación de hacerlo (en términos éticos, políticos y profesionales). El número de 30.000 desaparecidos/as se fue instalado con fuerza como dato histórico así como la historia de los diversos organismos. Demás está aclarar que lo dicho vale en términos generales, dándose diferencias importantes entre distintas instituciones e inclusive entre las mismas docentes de una escuela.
El impacto del macrismo
El gobierno de Cambiemos a nivel nacional intenta imponer un viraje fuertemente reaccionario sobre el proceso histórico en cuestión. Su doctrina negacionista, vertida en consignas como “acabar con el curro de los derechos humanos”, intenta denodadamente imponerse en los ámbitos educativos. Así como el gobierno anterior abogó por una reivindicación lavada de los Derechos Humanos y de una condena limitada a los “crímenes del pasado”, el macrismo directamente pretende relegitimar los gobiernos dictatoriales, garantizar impunidad a los genocidas y reinstalar la “teoría de los dos demonios”. De esta manera, busca saldar cuentas con sectores que tantos beneficios le han otorgado, y abonar a un proyecto de ajuste y represión en la actualidad.
Para eso hace uso de medidas dirigidas a intimidar y adoctrinar a la docencia y a las y los estudiantes, combinándolas con campañas desde las empresas mediáticas de comunicación. Por poner un ejemplo, la intentona del gobierno de prohibir hablar de Santiago Maldonado en las escuelas se dirigía a evitar la difusión del caso puntual, pero también a cuestionar el tratamiento de la desaparición forzada de personas, como contenido curricular.
Estos “mensajes” constantes desde el gobierno y los medios tienen su llegada a un sector de la comunidad educativa. Así, algunos sectores de la docencia y de las familias de nuestros/as alumnos/as se sienten envalentonados para ir contra los diseños curriculares vigentes en materia de Historia y DDHH. Y en general, contra cualquier expresión de pensamiento crítico en el ámbito educativo. Así lo demuestran situaciones como la vivida en un acto escolar el 24 de marzo pasado cuando una maestra proyectó un video que reivindicaba la dictadura cívico militar y refería a la “memoria completa”.
Sin embargo, y a pesar de las estrategias desplegadas por el gobierno para imponer su doctrina, la escuela sigue siendo un espacio de resistencia sumamente valorable. Porque se mantiene como una trinchera para la acción de trabajadores y trabajadoras de la educación que intervenimos cotidianamente en la lucha ideológica y política. Pero además, porque en la escuela pública continúan expresándose las voces de un amplio sector de nuestro pueblo que no está dispuesto a perder el terreno conquistado en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.
Por eso este 24 de marzo, nuevamente miles de estudiantes y docentes volveremos a investigar y debatir. Pero también nos pondremos de pie en aulas y salones de actos, para repudiar aquel nefasto golpe militar, para exigir cárcel común a los genocidas y gritar bien fuerte que son 30.000 y que están presentes, ahora y siempre.
