El pasado martes 27 de febrero el diputado nacional Luis Petri (UCR-Cambiemos) presentó un proyecto de ley que pretende regular el acceso universal y gratuito de las personas extranjeras a la salud y a la educación. Con este acto, el gobierno de Cambiemos pretende instalar la idea de que la grave crisis sanitaria que atraviesa el país hace años es responsabilidad de las y los extranjeros que se atienden en el sistema de salud público.
Esta medida claramente xenófoba busca, a partir de la premisa de que es injusto que un argentino/a no tenga los mismos beneficios, limitar el acceso tanto a la salud como a la educación de aquellos/as extranjeros/as que no tengan la residencia permanente. Presenta un criterio de reciprocidad el cual plantea que si el gobierno del país del cual proviene la persona no presenta los mismos beneficios para las y los argentinos, entonces, se le exigirá a dicho país una “compensación” por los servicios prestados.
Mientras tanto el jefe de Gabinete, Marcos Peña, celebra la “valentía” del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por cobrarle a la atención en los hospitales públicos a las y los extranjeros en su provincia.
Le excusa de la presentación de este proyecto de ley surge ante la falsa acusación de que el gobierno de Bolivia se habría negado a brindar atención sanitaria a argentinos/as residentes o que viajaban por el país, cosa que rápidamente el mismo Evo Morales desmintió mediante un comunicado oficial.
Esta cobarde e hipócrita maniobra del gobierno macrista busca culpabilizar al reducido número de extranjeros/as que se atienden en el sistema de salud público por la crisis que este atraviesa. Recordemos que el propio ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, refiere que en Jujuy sólo entre el 7-10% de las y los pacientes es extranjero. Más bien, quienes son responsables de la crisis del sistema de salud argentino son los mismos representantes del Estado que, con diversos colores y discursos, han profanado los fondos del subsistema público en beneficio de las grandes industrias de la salud.
Sin irnos muy lejos en el tiempo hace unos años se intentó desalojar con una feroz represión a trabajadores y trabajadoras de la salud del Hospital Borda que se oponían a que el predio fuera usado para negocios inmobiliarios de la Ciudad. En 2016, Macri puso en marcha por decreto la Cobertura Universal de Salud, que a pesar de su nombre sólo beneficiará al complejo médico industrial. En febrero de este año, más de 70 mil personas portadoras de VIH no tuvieron su medicación diaria por “errores administrativos” y la lista sigue. Los despidos y el cierre de servicios enteros vitales como el de Oncología en el Hospital Posadas son una muestra más, terriblemente cruda, de esa política.
Culpar al eslabón más débil de la cadena parece moneda corriente del gobierno de Cambiemos. El Estado y sus representantes son los responsables de la crisis que atraviesa el sistema de salud público y sus trabajadores/as, responsables de la desidia, del mal estado edilicio y de las malas condiciones laborales.
No al proyecto de ley xenófobo del macrismo
No a la CUS
Por una salud pública, gratuita y de calidad para todos/as