A pesar de los costos políticos que le significaron las masivas movilizaciones del mes de diciembre contra la reforma previsional, la estrategia general del oficialismo se mantiene. No hay plan B en términos económicos y en la Casa Rosada reafirman que es ahora o nunca el momento para profundizar el ajuste y la represión contra la clase trabajadora. Coinciden que el capital político que aún mantienen- erosionado por la creciente protesta social- debe ser aprovechado en el periodo no electoral  para lograr los cambios estructurales que los inversores demandan.

Los datos oficiales, han puesto blanco sobre negro el fracaso de la política antiinflacionaria, alcanzando el acumulado anual el 24,8 % a pesar que la re calibración gubernamental solo da cuenta de un 15 %. A la vulnerabilidad de la economía argentina en el 2018 se le sumarán los vencimientos de la deuda previstos en US$ 30.000 millones, lo que constituye una nueva urgencia para el oficialismo. El reloj de arena ya dio la vuelta y las inversiones no llegaron, mientras que los empresarios siguen remarcando los precios. La nueva oleada de despidos a lo largo y ancho del país, la reducción del gasto público, el intento de imponer un techo salarial por debajo de la inflación sin cláusula gatillo  junto con el  aumento de combustibles, transporte y tarifas de servicios públicos señalan que la pelea en estos primeros meses tendrá como eje principal la defensa del empleo y la lucha por paritarias libres.

Los resultados que se desprendan de la confrontación serán analizados con detenimiento por el poder político porque marcarían las condiciones concretas para retomar abiertamente la aprobación de la reforma laboral. Por el momento la táctica elegida es su ejecución acompasada con el clima social, a través de decretos de necesidad y urgencia y el retoque de los convenios  gremio por gremio. El caso testigo es la Unión Ferroviaria que pasará de 323 funciones que contemplaban los antiguos convenios laborales a solo 103 actividades. La multifunción, la meritocracia y la reducción del costo laboral se lleva a cabo de manera parcializada, como forma de evitar una reacción general y la unificación de distintos sectores en la lucha. Será tal vez una de las lecciones aprendidas de diciembre pasado.

Con una economía prácticamente estancada, fuga de capitales, déficit fiscal   y un exponencial endeudamiento, Cambiemos se reafirma en un núcleo de sentido común de  derecha. Ante la caída de varios puntos en su imagen a nivel general, ratifica su apoyo incondicional a las fuerzas represivas bajo la nueva doctrina de seguridad e incrementa la estigmatización contra la protesta social para tapar el ajuste, la revalidación y el consenso social más amplio parece haber quedado en segundo plano.

Al efecto Triaca luego de la denuncia de su empleada por no estar registrada junto con el entramado en la intervención del SOMU, fue motivo para que el presidente Mauricio Macri respaldara a su ministro de Trabajo, tratando de garantizar la inmunidad ante los pedidos de renuncia en el marco de una disputa crucial por las paritarias. La definición ha sido redoblar la  apuesta y pagar los costos políticos que haya que pagar, mientras que buscó recuperar la iniciativa anunciando  un  recorte de cargos políticos de familiares de funcionarios como muestra de austeridad. Dicha  medida tan solo  representa un 0,01 por ciento del presupuesto nacional; es decir  sin ningún impacto real en las arcas  del estado.  Todo esto se desarrolla en el medio de una segunda oleada de despidos que sufren las y los  trabajadores estatales en numerosas dependencias del país como el acontecido recientemente en el Inti y el Hospital Posadas.

Mientras tanto los conflictos se multiplican en los ingenios del norte argentino, también en  el sur, en la ciudad de Rio Turbio quienes resisten al despojo con masivas movilizaciones y  el apoyo solidario de poblaciones enteras. Los despidos son a diario y de a cientos en diversas ramas de la producción y áreas de  servicios.

El empresariado se frota las manos aguardando que finalmente llegue el momento de modificar plenamente los convenios colectivos de trabajo. Como aperitivo en la reducción de costo laboral se sirven entre otras bondades macristas, del plan Empalme que no es otra cosa que la precarización formalizada y la subvención de las ganancias patronales.

Quebrar a la dirigencia burocrática (que tiene razones de índole personal para retornar a las calles) es determinante para poder avanzar en toda la línea contra el movimiento obrero. Por ahora han logrado acuerdos firmes con el sector dialoguista liderado por Daer y varios otros como Acuña, los jefes de La Fraternidad y de UTA, y el mismo Barrionuevo -que estuvo en Mar del Plata con Moyano- ya se han demarcado de la convocatoria para el 21 de febrero encabezada principalmente por Moyano y las dos CTAs. Carpetazos, auditorias,  causas judiciales y una CGT dividida ,minada por la corrupción agudiza las facciones internas .En tanto el gobierno debe lograr que las paritarias adopten una pauta de actualización del 15% utilizando como caso testigo al reclamo docente.

La legitimación al ajuste está plagada de una demagógica campaña contra las “mafias” a la medida de Duran Barba. El poder económico se vale del talón de Aquiles de quienes fueron serviles a la propia patronal durante décadas en desmedro de los intereses de los  trabajadores. Es la mejor estrategia para lograr el disciplinamiento y dar vía libre a los despidos avanzando sobre las conquistas históricas del movimiento obrero. En la misma sintonía  se despliega un plan  contra los movimientos sociales que representan cientos de miles de personas desocupadas y precarizadas, hundidas prácticamente en la supervivencia desde hace ya mucho tiempo. El slogan es el “emprendedurismo” liberal, la desvinculación del Ministerio de Trabajo de todos los programas de empleo y la pretensión de establecer un trato directo con los trabajadores del sector por parte del estado sin ningún tipo de política para la reinserción laboral. Quitando del medio la representación sindical de hecho que realizan desde hace más de  dos décadas  las organizaciones sociales. Es el vuelto por el protagonismo logrado en las calles en diciembre pasado. Quitar base social y poder de movilización  a las y los precarizados es otro de los objetivos para el convulsionado periodo que se avecina.

El ataque en toda la línea tiene su frente en el plano represivo con Patricia Bullrich a la cabeza, la reivindicación de Luis Chocobar justifica la pena de muerte y consolida la nueva doctrina de seguridad allanando  el camino para un cambio en el Código Penal. Lo mencionado no es otra cosa que carta blanca para la represión y  el avasallamiento sobre las libertades democráticas y el derecho a la protesta social. Pero como si esto fuera poco, recientemente la ministra de seguridad, asumió un compromiso con  la  DEA para instalar una fuerza de intervención norteamericana en la Triple Frontera en la provincia de misiones. Un nuevo gesto a favor del imperialismo que le dará riendas sueltas para el control sobre el Acuífero Guaraní y  áreas estratégicas en reservas de agua y recursos  naturales consolidando la pérdida de soberanía de nuestro país. No solo gobiernan contra los intereses de la clase trabajadora, sino también actúan como cipayos reaccionarios al servicio del capital trasnacional, llevando a la Argentina a la total subordinación frente a los dueños del mundo.

 

La vertiginosidad de la realidad nacional, incluye idas y vueltas, negociaciones detrás de bambalinas  entre las distintas alas del peronismo ortodoxo, kirchneristas y massistas. Pero por ahora la reorganización del antiguo partido del orden no da señales en firme. Aun no hay acuerdos entre las corrientes internas, porque muchos sostienen que la renovación del justicialismo implica construir el “post kirchnerismo” puesto que entienden que la conducción de CFK está agotada. Mientras que Uturbey ya levanta solo  la mano como candidato presidenciable, la mayoría de los gobernadores se ocupan de cumplir a rajatabla los ajustes provinciales y se inclinan por eregir una oposición dialoguista que garantice la gobernabilidad ahora  pero también en el futuro.

La resistencia obrera se extiende, a pesar de la atomización de los conflictos y de la brutalidad del ataque patronal. El sindicalismo combativo y la izquierda, con inserción real en la clase, y a pesar de los esfuerzos,  aún no hemos podido sortear la  disgregación tan estéril e ineficaz  para enfrentar el macrismo.

En este marco ratificamos nuestra  política de unidad de acción en las calles con todos aquellos que se oponen al régimen, en función de ampliar las fuerzas de los sectores populares para frenar el ajuste. Esto supone también extender y hacer visible ante los ojos de millones una propuesta programática desde la izquierda anticapitalista, quien desde siempre ha defendido consecuentemente los intereses de los laburantes. Para ello pondremos nuestro empeño en el desarrollo nacional de Poder Popular que pueda humildemente contribuir en ese mismo horizonte bajo el objetivo de poner en pie una alternativa política de las y los trabajadores.

Nuestro partido estará en las calles el próximo  21 de febrero junto al clasismo para enfrentar las  políticas antiobreras, defender los puestos de trabajo y las paritarias libres, acompañando los justos reclamos del campo popular que está de pie y  que da pelea. El 8 de marzo, tal como viene demostrando el movimiento feminista en nuestro país, se constituirá  como una jornada masiva que reunirá el reclamo contra la violencia machista, los femicidios, el  derecho al aborto legal y contra las reformas neoliberales de Macri. En este marco promovemos la más activa participación para garantizar el  Paro Internacional de Mujeres en cada lugar de trabajo así como la confluencia en las calles como parte del proceso de resistencia.

En el actual contexto político de avasallamiento sobre nuestras libertades democráticas, aumento de la política represiva y de total impunidad para los genocidas, seremos parte de la convocatoria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia el próximo 24 de marzo. Movilización que expresará la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos contra la criminalización de la protesta social, levantando las banderas de libertad de los presos políticos y justicia por todos los asesinados por la represión estatal.

Hoy más que nunca nuestro partido estará en las calles. Hoy más que nunca a organizar la resistencia. Hoy más que nunca a construir una salida por izquierda para nuestro pueblo trabajador.

 

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