El gobierno de Cambiemos cerró el año con la aprobación de una serie de leyes nodales para su programa económico y se vio obligado a reformular las metas de inflación, admitiendo que el alza del costo de vida seguirá golpeando los ingresos populares. Durante el 2018 se profundizarán los ataques sobre nuestros derechos y, como contracara, crecerá la resistencia popular al “reformismo” antiobrero del macrismo.

Luego de la aprobación de la Ley de Reforma Previsional, votada con un Congreso militarizado y con la clase trabajadora y sus organizaciones combatiendo en las calles, el macrismo cerró el año parlamentario con la sanción de dos leyes que le permiten seguir avanzando en su programa económico: la Ley de Reforma Tributaria y el Presupuesto 2018, ambas apoyadas por amplia mayoría.

No obstante, como las inconsistencias macroeconómicas siguen en el orden del día, el Ejecutivo debió presentar luego nuevas metas de inflación, admitiendo de hecho que el alza del costo de vida seguirá golpeando sobre el poder adquisitivo de las mayorías populares. El anuncio fue realizado en una fallida conferencia de prensa en la que participaron en el jefe de gabinete, Marcos Peña, junto al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y de Finanzas, Luis Caputo, en la que fijaron una improbable meta inflacionaria del 15% para 2018 -aunque bastante más realista que el 10% anterior al que se aferraba Sturzenegger subiendo la tasa de interés- lo que de inmediato provocó un nuevo salto en la tendencia alcista del dólar.

Desde ya, este “sinceramiento” fija un nuevo horizonte de expectativas para la pelea paritaria para el 2018, en el que habrá que dar duras batallas en defensa del poder adquisitivo de los salarios, sorteando el chantaje patronal de la pérdida de las fuentes de empleo.

El paquete económico del ajuste

La Reforma Tributaria es una ley a medida del gran empresariado. Entre otros puntos, fija reducciones escalonadas de las contribuciones patronales, con una rebaja para las grandes compañías que hoy aportan el 21% y en 2022 pasarán al 19,5%, estableciendo además pisos mínimos sobre los cuales quedarán exentos de realizar contribuciones. Estipula además una rebaja en el Impuesto a las Ganancias de las empresas, del 35% al 25% siempre y cuando sean “reinvertidas” sus utilidades, y crea un Impuesto a la Renta Financiera (entre el 5 y el 15%) del cual quedarán exentos los capitales financieros extranjeros que especulan en el país, siempre y cuando no inviertan en Lebacs. Por su parte, el presupuesto 2018 supone una baja del gasto en materia de Salud, Ciencia y Tecnología, del Sistema Previsional y de los subsidios a las tarifas públicas.

Como contraparte, se verifica un aumento de la participación del pago de intereses de deuda sobre el total de las partidas. Según lo anunciado por el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, en conferencia de prensa, el endeudamiento continuará, proyectándose en 56 mil millones de dólares para 2018-2019. Hasta ahora, lejos de la “lluvia de inversiones” los dólares ingresados por al país han sido principalmente por la toma de deuda, para financiar la especulación financiera a través de las Lebacs y la fuga de capitales, reeditando el viejo cuento de la burguesía en Argentina: endeudarse para fugar, apostar a la devaluación para volver a ingresar parte de los dólares revaluados y aumentar su capital. Y que a la fiesta la paguemos después las y los trabajadores.

 Desajustes en las cuentas públicas y brotes negros en el horizonte

En el plano macroeconómico, por más que el gabinete y sus ministros se esfuercen en argumentos y artilugios varios, presentando un crecimiento del PBI que apenas logra recomponer la caída del 2016 y que no repercute en mejoras en las condiciones de vida de las y los trabajadores, los desajustes que arrojan los últimos datos macroeconómicos le impiden al gobierno mostrar un escenario de “estabilidad”. Esta imposibilidad de mostrar un marco de tranquilidad para el normal funcionamiento del capital por la que tanto bregan los grupos económicos trasnacionales y locales y los organismos internacionales de crédito como el FMI y el Banco Mundial, no impide el apoyo de las distintas fracciones burguesas a la actual gestión, más bien todo lo contrario, ya que en estos años han aumentado sus ganancias de forma considerable.

El 2017 terminará con un déficit comercial histórico cercano a los 8 mil millones de dólares, un déficit fiscal del 4,2% (según el FMI), una inflación que ronda el 24,5% y un endeudamiento público y privado de más de 100 mil millones de dólares desde diciembre de 2015, registrándose un incremento de la relación deuda/PBI del 38 al 52 por ciento, un porcentaje crítico para un país dependiente como el nuestro.

Este escenario nos plantea un 2018 donde el macrismo deberá profundizar aún más el ataque a los ingresos de la clase trabajadora. Los recientes anuncios y tarifazos en los servicios (100% en el transporte, 58% de gas, 70% de luz) que van en consonancia con la reducción de subsidios, los recortes y despidos en el Estado y la reducción de más de 100 mil millones de los recursos del sistema previsional, muestran la necesidad imperiosa por parte del gobierno de avanzar en el ajuste. El objetivo excluyente es reducir el déficit y ordenar un esquema que se puede volver insostenible, intentando evitar el estallido de una crisis económica al corto plazo.

Mientras tanto, siguiendo el curso del “reformismo permanente” contra las y los trabajadores, Peña anunció que en febrero el gobierno nacional intentará avanzar en la sanción de la Reforma Laboral que busca precarizar y abaratar aun más el trabajo para aumentar la tasa de ganancia empresaria, a partir de una reconfiguración de fondo del marco normativo que ordena la relación capital-trabajo en el ámbito local.

 Un plan que no cierra sin represión

Como se viene demostrando desde la asunción de Cambiemos, la transferencia de ingresos desde la clase trabajadora hacia los grupos económicos concentrados sólo puede ser llevado adelante mediante el uso de la violencia del Estado para la represión sistemática a las luchas obreras y la criminalización de la protesta social. Así lo grafica el reciente informe realizado por la CORREPI, que sitúa al actual gobierno como el más represor desde el ´83 a la fecha, situación que se ha intensificado en los últimos meses a partir de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, la ejecución por la espalda de Rafael Nahuel, la reivindicación explicita de Macri a la aplicación de la “ley de fugas” de la dictadura y la construcción de un “enemigo interno” en la figura del pueblo-nación mapuche.

Más recientemente, se desató una estigmatización y persecución focalizada sobre las organizaciones de izquierda por su activo rol político en las recientes movilizaciones populares, como se expresa en el caso de la detención de Cesar Arakaki, militante del Partido Obrero y la persecución a Sebastián Romero del PSTU, en el marco de las más de  200 detenciones y procesamientos de militantes populares que participaron de las distintas jornadas de lucha de diciembre, configurando un escenario que nos pone a las puertas de un estado de excepción.

 En las calles está nuestra fuerza

Pese a no contar con mayoría propia, la reciente reconfiguración del mapa parlamentario, a partir de la construcción de alianzas con sectores del peronismo tanto en Diputados como en el Senado, y de las transas y prebendas con los gobernadores que le ofrecen  “gobernabilidad”, le permite al macrismo proyectar en el Congreso la aprobación de las leyes antiobreras que necesita para llevar adelante su plan económico.

Sin embargo, si algo dejaron como saldo las jornadas del 14 y 18 de diciembre es la certeza compartida por amplios sectores del movimiento obrero y popular que el protagonismo y disputa en las calles es un campo fundamental de la lucha política y el enfrentamiento de clases en el escenario actual.

Para los sectores que venimos luchando y que entendemos que la sociedad y la Patria que soñamos nunca vendrán de la mano de nuestros verdugos, sean del color que sean, la etapa que se abre nos plantea como tarea seguir construyendo organización en todos los terrenos, masificando las luchas a través de la más amplia unidad de acción, resistiendo en las calles y desarrollando una alternativa política de clase, antimperialista, feminista y socialista.

Y así como tenemos la certeza que el 2018 será un año de duros golpes sobre las condiciones de vida y conquistas de la clase trabajadora, desde Venceremos depositamos nuestra mayor confianza en que nuestro pueblo trabajador sabrá responder a la altura de los desafíos, protagonizando nuevas y más duras luchas en defensa del inalienable derecho a una vida digna para las y los de abajo.

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