El gobierno autorizó mediante una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la fusión entre Telecom y Cablevisión, del Grupo Clarín, convirtiendo al nuevo holding en el monopolio infocomunicacional más grande de la historia nacional.

Telecom-Cablevisión pasará a controlar el 42 por ciento de la telefonía fija, el 32 de la telefonía móvil, el 56 de las conexiones de banda ancha, el 35 de la conectividad móvil y el 40 por ciento de la TV paga (cable). En numerosas localidades, el nuevo grupo será monopólico. Hay que recordar que previamente el grupo Clarín había sido beneficiado con la adquisición de Nextel mediante la cual podrá operar el cuádruple play en el país. Esto sin olvidar que Clarín es uno de los principales accionistas de Papel Prensa y la principal beneficiaria de pauta estatal.

El gobierno, en su resolución, a pesar de reconocer que este nuevo acto ocupará “una porción significativa” del mercado, no le solicita ninguna desinversión y solamente establece un plazo para comenzar a prestar servicio de TV paga por fuera de los principales centros urbanos a partir del 1 de enero de 2019. También señala que deben prestar su infraestructura a precio de mercado para que otros operadores puedan proveer el servicio de cable allí donde no se encuentren, una formalidad que en los hechos no se cumplirá.

Por su parte, la competidora Telefónica reclamó que se le habilite la posibilidad de ingresar al negocio del cable para poder brindar el cuádruple play, cuestión que ya estaría cerrada y saldría por decreto próximamente, según anticipó el gobierno.

No se trata solamente de una cuestión de “conectividad” o desarrollo de infraestructura, como intenta presentarse desde Cambiemos. Por el contrario, el grupo Clarín es uno de los principales generadores de información y entretenimiento en el país y ahora contará con una posición dominante en prácticamente todos los segmentos del mercado donde interviene.

La contracara es el proceso vertiginoso de ajuste sobre las y los trabajadores de prensa con alrededor de 2.500 puestos de trabajo menos en 2 años y el achicamiento del mapa mediático casi al extremo de mantener solo a los grandes grupos vinculados al oficialismo.

La orientación del gobierno no es una sorpresa para nadie a esta altura: “Las reglas claras”, “la transparencia” y la “seguridad jurídica” solo valen cuando son al servicio del gran capital. Frente a eso, las y los trabajadores de prensa y las y los comunicadores autogestivos y comunitarios deben fortalecer la unidad en curso que ya vienen construyendo a través de sus organizaciones (como lo demuestra el caso del SiPreBa) para seguir defendiendo una comunicación de y para la clase trabajadora

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