El ataque hacia la clase obrera y el movimiento popular se despliega en toda la línea. El gobierno nacional lleva a cabo una ofensiva a paso redoblado que atraviesa todos los planos de la vida política y social de nuestro país.
Entre los aspectos de mayor relevancia que marcan el signo político del actual periodo, podemos mencionar el acuerdo de toda la superestructura política burguesa de avanzar abiertamente sobre las libertades democráticas, el plan represivo y la construcción del enemigo interno como forma de legitimar la mano dura para los y las de abajo; junto con el paquete de reformas antiobreras que intenta coronar la pérdida de derechos históricos para la clase trabajadora. Como telón de fondo la cumbre de la OMC, antesala del G20, reúne en nuestro país a los poderosos del mundo quienes encuentran las condiciones para profundizar una mayor liberalización de la economía en todo el continente, que solo vaticina una mayor sujeción al imperialismo en detrimento de nuestra soberanía nacional.
El macrismo ha decidido utilizar el impulso otorgado por los resultados electorales de octubre pasado para aumentar los grados de represión hacia el pueblo, colocando al país en las puertas de un estado de excepción, en el cual sin dejar de vivir bajo la noción de democracia capitalista se comienzan a suspender derechos ciudadanos contemplados hasta en la propia la constitución nacional.
De este modo se legitima la represión no solo contra el pueblo mapuche, sino también contra los sindicatos y todo aquel que alce la voz para enfrentar la ofensiva de los de arriba. Mano dura y muerte para los pobres son acompañadas por sistemáticas declaraciones de funcionarios de alto rango del estado nacional que asimilan la protesta social con terrorismo. La campaña incluye la construcción del enemigo interno, ratificando que la orientación será profundizar el uso del monopolio de la violencia en el marco de una lucha a brazo partido contra los sectores populares.
Al caso de Santiago Maldonado, se le suma el reciente asesinato por parte de los aparatos represivos del estado de Rafael Nahuel. Una guerra declarada contra los pueblos originarios que reclaman el legítimo derecho sobre sus tierras ancestrales, en contraposición a los intereses de Lewis y Benetton.
Mauricio Macri, en su papel de patrón de estancia enfurecido ante la insubordinación, enfatizó: “Hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse.” Respaldó fuertemente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y hasta se molestó cuando la funcionaria le informaba al gabinete que los prefectos debieron pedir autorización a sus superiores en Buenos Aires antes de utilizar sus armas de fuego.
Junto con ello, Cambiemos revalida su gobernabilidad frente al establishment local e internacional, siguiendo las recetas norteamericanas con el armado de una “estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia contra el extremismo violento y el terrorismo internacional” de la mano del Procurador General interino Eduardo Casal. Dicha resolución no es coyuntural, sino que busca garantizar el desarrollo del G20 sin grandes sobresaltos y generar las condiciones para penalizar las futuras manifestaciones anticapitalistas que se desplegarán el año próximo en la Argentina.
La escalada continuó la última semana con detenciones a ex dirigentes kirchneristas además del pedido de desafuero y prisión preventiva a Cristina Fernández de Kirchner acusada por “traición a la patria” y “encubrimiento agravado” en la causa impulsada por el juez Bonadío por el memorándum con Irán. Las medidas dispuestas se enmarcan en un escenario de persecución y judicialización política y confirman el control y disciplinamiento directo de todos los poderes del estado en favor del ejecutivo.
La intencionalidad no es lograr justicia en la causa AMIA sino instaurar detenciones por causas de índole política, representando un avasallamiento sobre el estado de derecho y un atropello sobre las libertades democráticas.
Por lo mismo, el conjunto de la izquierda anticapitalista nos hemos pronunciado en contra de estas resoluciones que implican sentar un precedente reaccionario contra todo el campo popular. Dicha posición se sustenta en la independencia de clase frente a todos los proyectos patronales, incluido el kirchnerista, pero de lo que se trata es de enfrentar todos los mecanismos gubernamentales de restricción sobre aspectos democráticos, que son claves para la organización y el desarrollo de acumulación de fuerza de las clases explotadas.
El impacto mediático de estos acontecimientos en esta coyuntura son parte además de la estrategia oficial por desviar el foco de atención de la clase trabajadora. Frente a un conjunto de reformas (previsional, tributaria, laboral, educativa y salud) que buscan fortalecer el poder del empresariado y derrotar no solo a la actual, sino también a la futura generación de trabajadores. A pesar de que por el momento su impacto se presenta velado para la gran mayoría de población.
La novedad es que desde la Casa Rosada intentarán que todo el paquete de leyes, incluida la reforma laboral, se trate en sesiones extraordinarias nada más y nada menos que el 20 de diciembre del corriente año. La fecha aparenta haber sido elegida por un buen estratega. Representa la voluntad del poder económico de sellar en la subjetividad de las masas el cierre de un ciclo abierto en el fragor popular del caluroso diciembre del 2001. Los dueños del capital anhelan el hecho simbólico de establecer el inicio de un nuevo clima de época con la implementación del programa antiobrero y con un campo popular que aún está despertando.

El capital contra el trabajo

En el mismo sentido, el triunvirato de Acuña, Daer y Schmid se ha llamado a los cuarteles de invierno y ha elegido la vía abiertamente conciliadora y colaboracionista con el gobierno.
Espada de Damocles mediante, el pacto logrado entre el triunvirato de la CGT y el ministro de Trabajo Jorge Triaca -en el que los gremialistas consiguieron que se reforzara el modelo sindical y alguna que otra prebenda-, parecía resuelto, cuando se vio entorpecido frente a la aparición en escena de un sector díscolo de la burocracia sindical. A esto se le suma la división dentro de las filas del PJ, los mismos que apoyaron sin chistar la sanción en senadores de la reforma previsional y el proyecto de responsabilidad fiscal, patearon la pelota para adelante ante la existencia de voces disonantes dentro del sindicalismo burocrático.
Por estos días, intentan disciplinar a Moyano con carpetazos, allanamientos en su entorno más cercano y presiones en OCA. Bajo el lema “Pegar para negociar”, desde el poder hegemónico intentan revertir con premura el escenario que deparara una postergación del debate parlamentario de la reforma más importante para el empresariado. La misma que busca rebajar los costos laborales y aumentar la precarización y desprotección laboral.
Una vez que la Cámara alta aprobó dos de los tres proyectos que el oficialismo había acordado con gobernadores y sindicalistas, el gobierno ha vuelto a la carga mientras que Triaca insiste en honrar los acuerdos. En simultáneo, desde el ministerio de Trabajo se impulsaba la eliminación de 450 sindicatos simplemente inscriptos, entre los que se destaca a la AGTSyP y el Sitraic.
En la misma sintonía, la reforma previsional viene a flexibilizar aún más la seguridad social de los trabajadores, desfinanciar el Anses y establecer las condiciones para volver a las AFJP o a un régimen mixto en el que el sector privado se lleve la parte del león. Con el cambio de régimen en la actualización de las jubilaciones, pensiones y programas de empleo el estado se ahorrará $140 mil millones en lo inmediato y $220 mil millones en el año 2018, profundizando el recorte y la transferencia desde los sectores más postergados en favor de los empresarios.
El conjunto de medidas anunciadas implican, entre otras cosas, la eliminación del 20% del Impuesto a las Ganancias que tenía como destino el ANSES. Lo que representa una pérdida de $126 mil millones para el año 2018. La reforma previsional y el desfinanciamiento del ANSES, afectarán también en forma directa a los sectores de trabajadores y trabajadoras precarizados/as, que en su mayoría perciben la asignación universal por hijo, pensiones, o la jubilación mínima.
Los senadores del PJ liderados por Pichetto junto con los macristas levantaron la mano para arrojar al subsuelo de la patria a los jubilados y las jubiladas, reconociendo con un cinismo inaudito que les había tocado “la ingrata tarea”. Los favorecidos por jubilaciones y dietas de privilegios dieron su voto positivo para desfinanciar a el sistema de jubilaciones, sacarles impuestos a los ricos y recortarles el consumo a los sectores más pobres.
En tanto la economía argentina continúa por un camino sinuoso, empujada principalmente por un gran endeudamiento que en su mayoría fue a financiar la fuga de capitales y con una balanza comercial que sigue dando saldo negativo. En lo que va de la gestión la deuda pública total ya alcanza al 56 por ciento del PBI, mientras que la emitida en moneda extranjera es el 36,3 del PBI.
La inflación actual ronda el 25 %, es decir ocho puntos por encima del tope que tenía la meta oficial. La política de recorte de subsidios y suba de las tasas no resolvió la situación inflacionaria sino que recortó poder adquisitivo en los hogares de menores ingresos. Junto con ello, el incremento de la nafta, las tarifas de luz y gas, sigue golpeando los bolsillos de los y las laburantes. El déficit fiscal se mantiene en 7 puntos, y la industria sigue sin remontar, a excepción de algunas ramas empujadas por la construcción y la obra pública.

No Confiar en el Imperialismo ni un tantito así

La restauración conservadora a nivel regional encuentra en Macri uno de los principales exponentes. Tanto la OMC, el G20, así como un eventual ingreso a la OCDE, traen consigo el retorno a una mayor liberalización de la economía con menor peso de los estados en cuestiones sociales, aumento de la pobreza y la profundización de la contaminación y el saqueo de los bienes comunes.
La decisión geopolítica y económica está orientada sin retorno a anudar una alianza estratégica con Estados Unidos propiciando una mayor injerencia del imperialismo en toda América Latina.
La instancia ubicará a la Argentina como la defensora del multilateralismo a pesar de que nuestro país solo representa el 0,35% del total del comercio mundial. La “vuelta al mundo” implica en el plano económico una mayor apertura económica en beneficio directo de Estados Unidos, y también de la Unión Europea (recordemos que al compás del estancamiento del viejo continente, Temer y Macri aceleran la firma del TLC Mercosur – UE) junto con la eliminación de restricciones a la entrada de productos centrales en los países del Tercer Mundo, mientras que las grandes potencias asumen frente a la crisis económica una serie de medidas de corte proteccionista que busca que las consecuencias del ajuste las pague la clase trabajadora de estos territorios y la periferia. A mediano y largo plazo dichos acuerdos solo pueden dar como resultado mayor dependencia de nuestro país, como lo demuestran los resultados históricos de las viejas recetas de los tratados de libre comercio impulsados por las principales potencias económicas del planeta.
Decisiones económicas y políticas a la altura de sus cuentas bancarias, contrarias a los intereses de nuestro país nos indican que habrá una mayor sumisión y desfalco en los fondos que deberían estar al servicio de contener la grave situación social de las grandes mayorías. Por lo mismo las multinacionales redoblarán sus esfuerzos para que se abran totalmente nuestras fronteras, para importar sus productos y también para aumentar la explotación de la clase obrera latinoamericana. Frente a la OMC, tenemos que concentrar esfuerzos en la defensa de nuestra soberanía nacional y las acciones callejeras contra el imperialismo. La OMC, los TLC, la OCDE son hambre y muerte para nuestros pueblos y por ello es central acompañar y dar impulso al movimiento de resistencias anticapitalistas contra los planes del gran capital transnacional.

Por abajo

En las últimas semanas asistimos a una diversidad de convocatorias de distintos sectores. La atomización impide por el momento agrupar la resistencia y oponer una fuerza unificada que esté a la altura del ataque gubernamental. En este marco de luchas dispersas se inscribe la movilización del 29 de noviembre de alrededor de 200 mil personas lideradas por la Corriente Federal, Pablo Moyano y las CTAs y con una importante participación de la izquierda y los movimientos sociales, con la significativa ausencia por parte de CGT nacional (aunque sí hubo participación de algunas seccionales). El 6/12 se realizaron movilizaciones de menor envergadura en varios puntos del país, convocadas fundamentalmente por ATE (uno de los gremios que sufrirá una masiva oleada de despidos en el año entrante) junto con el llamado a huelga nacional de 24 horas de la federación aceitera y la CTA Autónoma; también fueron de la partida el triunvirato piquetero y sectores de la izquierda clasista.
En varias provincias, el clima social por abajo va aumentando la temperatura, al tiempo que se acrecientan los niveles de represión por parte del estado, como es el caso de los trabajadores de la salud y el desalojo violento que sufrieron los obreros de la maderera MAM en Neuquén. En el sur del país la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande ya anunció que “no homologará” el compromiso firmado entre el Poder Ejecutivo y la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, que implicaba el congelamiento de las paritarias hasta el 2020 a cambio de no realizar despidos, acompañado de masivas manifestaciones de repudio a esta clara extorsión para los y las laburantes.
Por último, debemos mencionar la importante convocatoria impulsada el 7 de diciembre pasado en donde jugó un rol destacado el Encuentro, Memoria Verdad y Justicia, llamando a la más amplia unidad de acción y rechazando la escalada represiva y la ofensiva antidemocrática. Una vez más la marcha de la resistencia se convirtió en un punto de confluencia de los sectores que luchan y resisten a los embates gubernamentales.

En conclusión, necesitamos abrir un debate más extenso entre las corrientes de izquierda y el conjunto del campo popular a partir de la compleja coyuntura que atravesamos. Por una lado cuando los dueños del capital en nombre del estado de derecho avasallan los preceptos básicos del respeto a la vida de la población, el respeto de derechos adquiridos de la clase trabajadora, de los y las jubiladas, de los derechos humanos más elementales no podemos olvidar que la misma constitución nacional avala el derecho a la desobediencia civil contra un gobierno que no respeta el estado de derecho. La lucha es contra el capitalismo y el imperialismo, en tal sentido será importante promover el internacionalismo y la coordinación de las luchas contra los planes del imperio.
El tema principal que ocupará la agenda política de todo el campo popular y de nuestro partido será la lucha decidida y frontal contra las reformas. Por ello el 20 de diciembre estaremos en las calles para frenar este avasallamiento sobre nuestros derechos. Debemos sostener y ampliar las acciones de lucha con la mayor perspectiva de confluencia y unidad de acción entre los distintos sectores que se oponen al régimen. Al tiempo que se hace indispensable la unidad del conjunto de la izquierda, quien es la única que puede garantizar una perspectiva de clase y la mayor radicalidad para frenar la ofensiva. Pero esto no será posible si persisten entre nosotrxs decenas de convocatorias dispersas que terminan disgregando nuestra fuerza, sin capacidad, por si solas de modificar la actual correlación de fuerzas. Lo que está en juego no es solo nuestro presente, sino el futuro de nuestro país. Ojala nos encuentre a la altura de tamaño desafío.

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