Desde la asunción de Mauricio Macri en Argentina y Michel Temer en Brasil, la Unión Europea y el Mercosur han retomado las negociaciones para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos bloques. El reciente bloqueo de la administración Trump al Acuerdo Transpacífico (TPP) y el Brexit de Inglaterra han acelerado las tratativas. En un marco de secretismo y desinformación se han realizado encuentros técnico-políticos en las que se cocina un acuerdo que lejos está de beneficiar a nuestras dependientes economías. En el mismo sentido, la región fue jerarquizada en la agenda de las/los principales mandatarios, cuya manifestación más clara fue la visita de Angela Merkel a Brasil y Argentina en el mes de junio en pos de acercar posiciones entre los principales empresarios alemanes y los respectivos gobiernos.
Según lo que ha trascendido, y como se desprende de la política económica llevada adelante hasta aquí, el Acuerdo tiene las características de un típico Tratado de Libre Comercio habilitando la liberación aduanera para el ingreso de bienes industriales y agropecuarios prácticamente sin restricción y abriendo el sector de servicios (finanzas, seguros, logística, comercio –incluso el electrónico- entre otros) y las compras del sector público a las empresas trasnacionales. Si bien Argentina tiene su sector servicios muy liberalizado desde los ’90, Brasil que resguardó siempre sus servicios e industria representa un enorme mercado para dichas inversiones luego del golpe parlamentario en el 2016.
La UE – que ha perdido peso en el concierto internacional y en los intercambios comerciales y aún no se repuso de las crisis del 2008- busca colocar sus excedentes industriales y financieros, negociando en parte el ingreso de ciertos productos agrícolas a su mercado, lo que genera la oposición de los productores locales y ambientalistas preocupados por la apertura a mercancías que no cumplen con las normas europeas de producción (uso de agroquímicos en la producción de alimentos por ej.). Sin embargo, la posibilidad de la apertura del mercado suramericano a su agroindustria genera un atractivo que estimula el acuerdo. El Mercosur, estancado desde hace años, se transformó en una simple unión aduanera al servicio de las corporaciones, especialmente la industria automotriz, obligando a Argentina y Brasil a negociar permanentemente.
Si bien la competitividad del sector agropecuario argentino tradicional representaría una barrera de protección hacia su producción, tanto las economías regionales como las distintas ramas industriales se verían afectadas por el ingreso de bienes europeos muy competitivos. Según se estima el impacto más fuerte y más inmediato lo recibirán los sectores textiles, de autopartes, calzados y todas las economías regionales tales como las frutillas, los vinos espumantes, los arándanos, etc. Pero incluso los sectores exportadores de carnes y bio-etanol que serían supuestamente los grandes beneficiarios de este acuerdo están ampliamente disconformes con la oferta presentada por la UE, dado que no representará un incremento significativo de las exportaciones a dicho mercado: se espera que será más de 100.000 toneladas de carne, lo que representa… ¡tres empanadas anuales per cápita que ingresarían al mercado europeo!
Así, el resultado de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea será una mayor reprimarización de la economía, una triangulación del comercio (lo que antes Argentina le compraba a Brasil se lo comprará a la UE), con el consiguiente debilitamiento del Mercosur. Y es ya sabido que esta apertura comercial indiscriminada significa el cierre masivo de empresas y comercios, mayoritariamente PYMES, con el consiguiente aumento de la desocupación.
Los sectores empresarios que están conformes con el acuerdo explicitan que el resultado no es en tanto balanza comercial o apertura de nuevos mercados, sino una señal a dichos mercados sobre el cambio de dirección política de la región. El apuro por cerrar este acuerdo es claramente político. Si bien las diferencias y tensiones continúan, para los gobiernos del Mercosur, la firma de un acuerdo general en el marco de la reunión de la OMC, sería una muestra de su adhesión al neoliberalismo – aunque a nadie le queden dudas de ello. Para el gobierno Macri – aspirante a convertirse en interlocutor de la región frente al imperialismo- que se firme el acuerdo sería una carta de presentación y un impacto político ante la reunión ministerial de la OMC, que se reunirá en Bs. As como antesala de la del G20 que se realizará en 2018.
En ese contexto de liberalización de mercados, el incremento de la competitividad refuerza las políticas brutales de flexibilización laboral que impulsan los empresarios y el gobierno atacando derechos históricos de los trabajadores a través de la reforma laboral.
En síntesis, los gobiernos neoliberales de la región promueven la sumisión económica a la Unión Europea a través de estos convenios acelerando la crisis de la industria local y la regresión de la primarización a especialidades más elementales. Esto se completa con tratativas de mayor apertura a las exportaciones de China, lo que provocará una invasión de manufacturas baratas, que acompaña el saqueo de los recursos naturales de Nuestra América. Además de ser el «patio trasero» histórico del Imperialismo yankee, las clases dominantes de la región están dispuestas a entregarle en bandeja al conjunto de las potencias imperialistas nuestros recursos.
En este contexto, pelear contra estos tratados de libre comercio constituye un punto fundamental de la batalla contra el neoliberalismo, contra el imperialismo yanqui y contra todos los gobiernos conservadores de la región. La próxima reunión de la OMC en Argentina será un momento fundamental para defender las conquistas obreras y populares, y para hacer oír nuestra voz antiimperialista y anticapitalista.
Frente a la ofensiva capitalista, unidad y lucha para resistir.
No a los TLC – Fuera el imperialismo de América Latina!
