Sobre el decreto del gobierno para modificar la Ley Nacional de Salud Mental 26.657

En el marco de múltiples reformas que van en detrimento de nuestro pueblo, se agrega una serie de reformas en salud que implicarán graves consecuencias para usuarixs y para trabajadorxs.

Por un lado, la Cobertura Universal en Salud (CUS), decretada en 2016, cuya implementación fue discutida el septiembre pasado, que nada resuelve de los problemas estructurales de un Sistema de Salud como el nuestro que se caracteriza por la fragmentación y que ha sido vaciado de políticas y presupuesto gobierno tras gobierno. Es en la misma línea, e indisolublemente relacionada debe entenderse otra de las reformas regresivas en este caso en el ámbito de la Salud Mental.

El macrismo durante sus años de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires ha dado muestras concretas de la total desidia a la que ha llevado al conjunto del sistema de salud, pero aún más lo que respecta a la salud mental, como ocurrió cuando se intentó descentralizar los hospitales Borda y Moyano para vender los terrenos con alto valor de mercado; y luego con la irrupción de la policía metropolitana en el Hospital Borda (en el año 2013) con el único fin de garantizar esas tierras para negocios inmobiliarios.

¿En qué consiste el decreto de reforma de la Ley de Salud Mental y qué implicancias tendrá?

En este contexto más general, de retroceso en políticas en Salud se enmarca el proyecto de Decreto que pretende modificar la reglamentación la Ley Nacional de Salud Mental n° 26.657, impulsado desde el poder Ejecutivo. Esta ley, sancionada y promulgada en 2010, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Nación, se inscribe en tratados internacionales de Derechos Humanos y se orienta por planteos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud). La misma fue, en parte, el resultado de una construcción y presión por abajo de organizaciones de DDHH, de salud, sociales y políticas que pusieron en agenda una problemática histórica del tratamiento de la locura en condiciones inhumanas, indignas, discriminatorias para quienes padecen sufrimiento mental.

El proyecto de Decreto del gobierno, que derogaría el Decreto de reglamentación 603/2013, implica un claro retroceso en materia de Derechos humanos y una contradicción insalvable con el espíritu de la Ley y sus principios fundamentales. La postura respecto de la Ley del Director Nacional de Salud Mental y Adicciones, André Blake, es bien conocida: nunca ha presentado ningún prurito en mostrarse como un crítico detractor de la misma. Esta iniciativa del gobierno, cuenta con el aval de las corporaciones médicas y en parte viene a responder una demanda histórica de las mismas. Es regresiva no sólo por el contenido sino también por la cuestión metodológica ya que ha sido totalmente inconsulta sin involucrar a los diferentes actores del campo de la Salud Mental.

Los puntos más preocupantes se vinculan, por un lado, con un cambio en la concepción de Salud, que reemplaza el concepto de padecimiento mental por la reduccionista categoría de “trastornos mentales” del CIE 10 (manual internacional de enfermedades) dejando por fuera los determinantes históricos, sociales y culturales del fenómeno. Por otro parte, se modifica el lugar otorgado al abordaje interdisciplinario de la problemática, ya que devuelve a la medicina un lugar de preponderancia por sobre las demás especialidades intervinientes; implica un retorno al modelo médico hegemónico de comprensión y abordaje de la locura, la cual vuelve a entenderse determinada por una única causa biologicista. Refuerza y retoma la idea de la atención en instituciones manicomiales, especializadas y de encierro para problemáticas de salud mental y de adicciones, en detrimento de los abordajes comunitarios y en los hospitales generales. Es decir, fortalece una concepción en la que la solución para las enfermedades mentales es el aislamiento del enfermo del conjunto de la sociedad. Reinstaura la idea de peligrosidad al retomar como criterio de intervención la noción de riesgo potencial. A su vez, plantea la paradójica definición de que el Ministerio de Salud será el encargado de designar al/la responsable del Órgano Revisión que debiera controlar el accionar de dicho ministerio.

Un abordaje que se reduce a lo psicofarmacológico o el hecho de volver al negocio de las instituciones de encierro a partir de modelos asilares, son funcionales al mercado de la salud, y a las asociaciones corporativas que marcan estos lineamientos y son socias mayoritarias del gobierno como la Asociación de Médicos Municpales y la Asociación de Psiquiatras de Argentina. Son precisamente los sectores nucleados en ellas quienes apuestan a llenarse los bolsillos abriendo y gestionando sus propias instituciones, donde no dudarán en precarizar a sus trabajadorxs como vienen haciéndolo hasta el día de hoy sin importar el signo político del gobierno.

Los aspectos sumamente negativos señalados, no implican tener una mirada condescendiente con la ley sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández. Las limitaciones en la implementación de la misma estuvieron fuertemente ancladas a la ausencia de un presupuesto adecuado. La manifestación más clara fue que nunca se generaron los suficientes dispositivos, tales como casas de medio camino u hogares protegidos, haciendo que muchos pacientes siguieran internados en instituciones monovalentes (como manicomios), por cuestiones específicamente sociales, yendo incluso contra lo que la misma ley establece en torno a que los motivos sociales no deben ser impedimentos para la privación de la libertad en instituciones de estas características. Ante esta falta de inversión desde el Estado, la ley habilitó la tercerización de estos “servicios” cayendo en manos de diversas ONG´S y habilitando al mismo tiempo al empleo precario en ellas. Como vemos, la salud también fue una variable de ajuste para el kirchnerismo.
En línea con la batería de reformas que el macrismo viene impulsando tras las elecciones legislativas, en este caso también se plantea una disputa en torno a quiénes serán los que paguen la crisis: si el conjunto de los trabajadores y el pueblo o las grandes corporaciones. Promover modelos de comprensión y abordajes en abstracto de los problemas de salud de nuestro pueblo sólo sirve para ocultar la responsabilidad de los gobiernos y sus políticas sobre los mismos.

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