Envalentonado tras el respaldo electoral, el gobierno de Cambiemos se propone modificar de manera profunda los marcos legales que regulan los derechos de las y los trabajadores en Argentina. Mediante un borrador que plantea una reforma estructural que avanza sobre la propia Ley de Contratos de Trabajo, el gobierno explicitó su intención de barrer con conquistas laborales de décadas. Así, Cambiemos deja atrás su anunciada y ya preocupante pretensión de avanzar en una reforma “sector por sector”, y propone un cambio global. Mediante los anuncios realizados el lunes 30/10 en el CCK, el ejecutivo se prepara para alinear al parte del peronismo y la burocracia sindical para implementar una reforma flexibilizadora mucho más abarcativa que la comunicada antes de los comicios. Al parecer, la reforma no es solo brasilera.
Reducir nuestros derechos para aumentar sus ganancias
Con un discurso que es heredero de las pretensiones “modernizadoras” de Onganía y Martínez de Hoz, Macri anuncia una reforma que apunta a “liberar las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas”. Esto es, en buen criollo, barrer con derechos que costaron luchas y sangre para que la ganancia empresarial se multiplique geométricamente. En concreto, implica disminuir el monto de las indemnizaciones, limitar los reclamos judiciales, aumentar la tercerización, entre otras medidas. Reformas flexibilizadoras similares a ésta aplicadas en Argentina, pero también en otros países de América latina como Chile o Colombia, o incluso de Europa, no sólo no generaron el “crecimiento del empleo” que promete Cambiemos, sino que aumentaron las penurias de la clase trabajadora: mayor precarización laboral, aumento de los despidos sin causa, incremento de los ritmos de explotación y las enfermedades laborales, etc. En definitiva, la clase social que vive de nuestro trabajo, y su gobierno, vienen por todo.
Ajustadores, Traidores & Asociados
La reforma que Cambiemos quiere imponer sería imposible de aplicar sin la colaboración del arco político patronal: los gobernadores, buena parte del peronismo y la burocracia sindical. El oficialismo no cuenta con mayoría legislativa propia para aprobar sus iniciativas. A su vez, sin la escandalosa complicidad de la CGT, no podría siquiera insinuarse una reforma de esta magnitud. La central que hace unos meses dejó pasar el veto a la Ley Antidespidos, es la misma que ahora se propone entregar mansamente convenios colectivos de trabajo. Los sindicalistas comprados por el dinero de las obras sociales y acobardados por los “carpetazos” judiciales del gobierno para investigar eventualmente sus múltiples hechos de corrupción, no están dispuestos a llevar adelante las medidas que exigen cientos de comisiones internas, cuerpos de delegados y sindicatos: un paro general y un plan de lucha consecuente que salga a enfrentar la prepotencia de los CEOs y patrones.
Nos quieren de rodillas. Es hora de ponernos de pie.
Las y los trabajadores necesitamos salir a las calles a enfrentar esta reforma. No hay excusas válidas para no hacerlo; ningún resultado electoral puede justificar que la clase trabajadora renuncie a derechos históricos, y menos si dar pelea. Es necesario impulsar un encuentro amplio encabezado por el activismo y los sindicatos combativos, pero abierto a todos aquellos que estén dispuestos a luchar de manera consecuente en las calles contra la reforma laboral.
Necesitamos que la consigna de “la más amplia unidad de acción en las calles contra la reforma laboral” sea una realidad. En esta coyuntura, el sindicalismo combativo tiene un desafío: dar cauce a absolutamente todos aquellos que tengan vocación de salir a dar pelea, esa misma pelea que la burocracia sindical no parece dispuesta a dar.