El gobierno de Mariano Rajoy resolvió la aplicación del articulo 155 de la Constitución española y destituir al Ejecutivo autonomo catalán con la convocatoria a elecciones regionales en un plazo de seis meses. La decisión se justifica, según el Partido Popular, en la ausencia de respuesta al ultimatum lanzado por el jefe de gobierno, quien reclamó a Carles Puigdemont que confirmara si había declarado o no la independencia.
La medida, si bien contenida dentro de la Constitución armada para el régimen postfranquista, representa un golpe de Estado en la medida en que no solo el Govern fue electo con el voto popular sino que, además, la reciente consulta del 1O dejó a la vista un amplio apoyo de las masas al reclamo por la independencia.
Así, el gobierno de Rajoy avanza antidemocraticamente sobre la voluntad de millones de personas con el apoyo del PSOE y Ciudadanos que han mostrado su verdadera vocación como «partido de Estado». Tras la confirmación de la medida por parte del Senado el viernes 27, el Ejecutivo de Catalunya pasaría a estar comandado por los ministros del Partido Popular, el mismo partido involucrado en innumerables tramas de corrupción, sobresueldos y financiamiento ilegal.
Más represión y fuga
En la semana previa al Consejo de Ministros que resolvió la aplicación y el alcance de la 155, la Justicia arrestó a ‘los Jordis’, los titulares de la Asamblea Nacional de Catalunya y de Omnium Cultural, ambas entidades civiles (e incluso con sectores patronales) que impulsaron la movilización independentista.
La detención de ambos dirigentes desató una nueva oleada de manifestaciones por su liberación que reunieron cientos de miles de personas. Sin embargo, estas manifestaciones de masas contrastan con las vacilaciones y las contramarchas de la dirección de Junt Pel Sí (y la adaptación de las CUP). Tras el referendo y con más de 2 millones de votos por la independencia, incluso habiendo enfrentado un embate represivo de magnitud, el Govern declaró una «independencia en suspenso» subordinada al diálogo con el Estado español, algo que resulta inviable a todas luces.
Tras los ultimatums, que fueron contestados con nuevas vacilaciones, y la aplicación del 155, Puidgemont convocó a una sesión parlamentaria pero sin colocar nuevamente la independencia en el temario. Se trata de debilidades y flaquezas que comprometen el futuro de todo el proceso.
La situación se ve agravada por el sabotaje de la gran burguesía catalana que mudó masivamente la sede social de sus empresas, con perdidas que ascienden a miles de millones de dólares para el estado catalán, y por el rechazo a intervenir por parte de la Unión Europea que apoya sin fisuras al gobierno de Rajoy.
El proceso independentista en Catalunya se encuentra en la encrucijada: o la movilización popular toma definitivamente las riendas del proceso de ruptura con el Estado español o se impondrá la destitución e intervención desde Madrid. Más que nunca resulta necesaria una intervención desde la clase trabajadora para poner en pie la nueva República.