Desde la firma de los acuerdo de paz en La Habana, han sido asesinados en Colombia 89 defensores de derechos humanos. En el último mes, los asesinatos de líderes sociales han puesto en evidencia la brutalidad con la que grupos paramilitares y el estado siguen atropellando al pueblo que lucha por sus derechos y por construir otro proyecto económico, social y político, a contramano de las mafias, las grandes corporaciones y el imperialismo.
Desde el Frente Único Izquierda Revolucionaria – Hombre Nuevo entrevistamos a un compañero de Marcha Patriótica que describe la grave situación en Colombia. Enviamos toda nuestra solidaridad al pueblo colombiano, a los y las campesinas, trabajadores, estudiantes y nos sumamos al clamor internacional exigiendo al gobierno de Santos que se garantice la paz y el cumplimiento efectivo de todos los puntos de los acuerdos de La Habana.
FU IR-HN ¿A qué se debe el incremento de la violencia hacia los dirigentes sociales y políticos que se ha agudizado en las últimas semanas?
Marcha Patriótica: Hay múltiples factores que explican la violencia contra los dirigentes sociales hoy en día en Colombia. Uno puede ver por ejemplo, que a pesar de que hay un proceso de paz en curso, las instituciones el estado, casi en su mayoría siguen operando bajo la lógica del enemigo interno. Eso implica que todo aquel que piense distinto, que esté en contra del status quo, sea visto como un peligro para el sostenimiento de esa democracia que han creado las derechas en Colombia. Esa idea de ver al dirigente social, al dirigente campesino, al sindicalista, al estudiante, como un peligro, genera desde el lenguaje, desde lo simbólico, una forma de violencia que luego se materializa con la persecución, con los asesinatos, con las amenazas, etc. Entonces la institucionalidad tiene una gran responsabilidad porque no ha cambiado su forma de entender la realidad política. No ha cambiado esa idea de operar bajo la lógica del enemigo interno.
Por otro lado, las fuerzas paramilitares siguen operando y tras la salida de las FARC de los territorios, estas fuerzas paramilitares están apoderándose de las zonas y territorios dejados por las FARC, y están haciendo con amenazas, amedrentamientos que terminan materializándose en masacres, asesinatos selectivos, que efectivamente se han venido agudizando en el último mes en Colombia. En el último mes han asesinado a 18 personas. Dos masacres, la primera en Tumaco, contra 9 campesinos que estaban protestando, fue una masacre perpetrada directamente por las fuerzas del estado, por la policía nacional. La siguiente masacre perpetrada al parecer por fuerza paramilitares contra 6 ex combatientes de las FARC que estaban en la zona de El Charco (Nariño), y tres asesinatos selectivos contra dirigentes indígenas y dirigentes de comunidades afro en diferentes partes del país.
Estas lógicas de amedrentamientos tienen varios elementos y uno de ellos es la falta de seguridad que el Estado que encabeza el gobierno ha tenido la omisión de defensa de los líderes sociales, que es una de las bases de los acuerdos de La Habana en lo que fue el punto de participación política. Y este, como tantos otras omisiones en la implementación del acuerdo son las que están generando que el proceso de paz esté en un punto bastante preocupante en términos de la seguridad de los y las campesinas, los y las dirigentes sociales, y de los y las miembros de las FARC.
-¿En qué medida esto constituye un obstáculo para la paz?
Evidentemente esto conlleva un obstáculo para la paz, en términos de que no hay un compromiso efectivo por parte del gobierno y de las instituciones del estado de llegar a un estadio diferente en términos de la lógica política y de la construcción de una verdadera democracia en Colombia. Básicamente el obstáculo de la paz se ha presentado desde los inicios de la conversación misma entre las FARC y el gobierno que se vinieron sorteando durante lo que fue el proceso de discusiones en La Habana, pero que se empezaron a profundizar tras la derrota en el plebiscito el 2 de octubre de 2016. Y es un obstáculo porque no se ha logrado cambiar desde lo simbólico, desde el mismo lenguaje, desde lo político y la forma de hacer política, no se han cambiado esas lógicas de eliminar al contradictor, de eliminarlo no solamente a partir de lo discursivo sino eliminarlo físicamente. Esa idea -que es la queríamos modificar todas las organizaciones sociales y políticas- no se ha logrado cambiar y en la medida que no logremos eso -que tiene que ser una acción de manera conjunta entre sectores sociales, institucionalidad, el poder ejecutivo, legislativo, una acción conjunta que era lo que planeaban los acuerdos de La Habana, eso no se ha logrado. Y es precisamente por eso porque la paz de todas maneras termina siendo un perjuicio para los sectores que se han beneficiado históricamente de la guerra. No solamente sectores dentro del aparato militar sino sectores dentro del Ejecutivo. El gobierno de Uribe Vélez y todo su séquito, todo su círculo, está dentro de ese sector que se benefició históricamente de la guerra y en la medida en que no se logre cambiar la correlación de fuerzas con estos sectores guerreristas, la paz será un obstáculo para ellos y ellos son obstáculo para la paz.
– ¿Cuáles son las demandas al gobierno de Santos en este punto y cuáles las posibles vías de intervención para acercarse a una solución?
– La demanda en términos generales al gobierno de Santos es el cumplimiento efectivo de los acuerdos de La Habana en todos sus puntos. Particularmente con dos. Uno, la seguridad y protección de los y las dirigentes sociales y de los y las ex combatientes de las FARC. Y por otro lado, un verdadero compromiso de combatir a las fuerzas paramilitares. Porque el gobierno de Santos en estos momentos ni siquiera ha aceptado que hay grupos paramilitares, les han cambiado el nombre para minimizar su accionar, les han llamado bandas criminales cuando realmente son organizaciones herederas del paramilitarismo que simplemente se reacomodaron y mantuvieron un modus operandi cuyas decisiones se descentralizaron, pero siguen operando. Entonces, el ataque efectivo a los grupos paramilitares, la protección a los líderes y las liderezas, los y las compañeros de las FARC y detrás de ello el cumplimiento frente a la reinserción política, económica y social de estos ex combatientes de la insurgencia de las FARC, las garantías de eso son las que se están demandando en estos momentos.
Recordemos que los acuerdos de La Habana no fueron acuerdos para el beneficio de las FARC como grupo insurgente. Fueron acuerdos que se pensaron para el beneficio del conjunto de la sociedad colombiana que históricamente ha sido excluida, los y las campesinas y todos los sectores de las zonas rurales y periféricas de Colombia que son lo que han sufrido la violencia históricamente. Entonces el cumplimiento no es un cumplimiento a las FARC, es un cumplimiento a esa sociedad que demanda una transformación en la lógica política nacional, que demanda una creación de una democracia real, una democracia plena, donde haya participación política y no se corra riesgo de perder la vida por pensar distinto. Básicamente esas son las demandas que se tienen frente al gobierno de Santos y que obviamente deben ser estar acompañadas de una presión internacional, no solamente de los organismos que participaron en los acuerdos de La Habana sino de todos los sectores sociales, progresistas y revolucionarios de latinoamérica y del mundo que comprenden, que comprendemos, que ese proceso de paz es trascendental para el fortalecimiento del pueblo a nivel latinoamericano.