Luego del referendum del domingo, que implicó un salto en el enfrentamiento con las fuerzas represivas del Estado español, se realizó una masiva huelga general que inundó las calles. La Generalitat debe avanzar en el proceso independentista. El gobierno de Rajoy promueve la fuga de capitales y de empresas.
La crisis catalana se encuentra en el centro de la escena internacional. Una ruptura del Estado español que hasta ayer parecía utópica, hoy podría desencadenar un descalabro en todo el Viejo Continente y más. La realización de la consulta popular sostenida por la movilización de masas contra el embate represivo de la Guardia Civil implicó un golpe para el gobierno de Rajoy y convirtió a la huelga general del 3-O convocada por la COS (una coordinadora de espacios y sindicatos combativos) en un canal de masas para repudiar al régimen franquista de la Monarquía y del PP y obligó hasta a la burocracia de las CCOO y UGT a participar de las movilizaciones.
La Generalitat informó que más de 2.200.000 personas votaron en el referendum sobre un padrón de 5.300.000 (esto en el marco, nuevamente, de un despliegue represivo descomunal) mientras que en la huelga del 3-0 se estima que se movilizaron caso 850 mil personas. Se trata de cifras contundentes. Un elemento distintivo ha sido la autoorganización de las masas que comenzó con las guardias y vigilias para defender los centros de votación en las distintas localidades pero que ha ido creciendo en la medida que se fue agudizando en conflicto. Un analista político español contrario al independentismo lo reflejó con lamento en un simple tuit: «la vieja Convergencia (PdCAT, cabeza del gobierno regional) ha perdido las calles».
Frente a este escenario, el lunes 9 está prevista una sesión del Parlament catalán que debería avanzar en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y la aplicación de la Ley de Transitoriedad para dar inicio al proceso constituyente de la nueva república. La sesión es producto de la presión de las CUP pero con importantes vacilaciones por parte de la dirección mayoritaria de Junts pel Sí que realizó una convocatoria pública a una salida dialogada mediada por la Unión Europea, a pesar que ésta ya definió cerrar filas con Rajoy los Borbones.
Luego de la huelga, fuga de empresas
Tras del referendum, cayeron con fuerzas las acciones en el Ibex madrileño de las principales empresas catalanas y se disparó el denominado «riesgo país», es decir, la capacidad para afrontar las deudas por parte del estado catalán. Al día siguiente, el banco Sabadell procedió a informar que transferiría su casa matriz a Madrid. El gobierno de Rajoy a su vez aseguró que facilitaría el traspaso de locación de todas las empresas que lo pidieran. Entre ellas se encuentran algunos pesos pesados como la Caixa.
La estrategia de forzar una fuga de empresas y capitales para ahogar a una futura república catalana vuelve a colocar sobre el tapete varias de las cuestiones nodales del proceso: si la movilización de masas no se radicaliza y la clase obrera catalana no interviene para tomar la crisis en sus propias manos con sus métodos y reivindicaciones, la dirección independentista burguesa de Junts pel Sí impondrá su tendencia conciliadora y seguirá como hasta ahora descargando los platos rotos sobre las masas con más ajuste. La lucha por la autodeterminación nacional encierra a su vez una lucha de clases que es necesario desenvolver hasta el final junto con la movilización para echar por tierra el régimen reaccionario de la Transición.
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