La desaparición forzada de Santiago Maldonado grafica como ninguna otra cosa la intensidad que ha cobrado el despliegue represivo del gobierno de Cambiemos. Además, todo el accionar del entramado institucional responsable del encubrimiento pone en evidencia su emblemática decisión política: gobernar para los amigos del mercado, para los terratenientes y los grupos financieros afines, lo que requiere de un diseño represivo ilimitado.
Las palabras de la ministra Patricia Bullrich, publicadas en Infobae el 16 de agosto, son una potente síntesis de cómo y para qué monopolizan el uso de la violencia desde lo más alto de la administración del estado: “No tiro a ningún gendarme por la ventana porque este gobierno necesita a esa fuerza para su tarea de fondo”.
En la causa judicial por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la maraña de pistas falsas de fuente oficial y el ocultamiento de las pruebas que incriminan a la gendarmería y el gobierno que la dirige, revelan el alineamiento de la justicia a la hora de blindar la impunidad estatal. Mientras tanto, la acción del conglomerado mediático hegemónico es central a la hora de generar consenso a favor de la represión, especialmente a través de la instalación de la idea de “peligrosidad” de las víctimas. Argumento, por cierto, que contiene una confesión básica que debería cerrar todo debate al respecto: están diciendo que esas delirantes acusaciones justificarían las incursiones con armas de fuego en el territorio, la persecución y hasta la desaparición forzada de Santiago. En esa línea, son destacables las palabras entre eufóricas y desbocadas del senador Pichetto, que el 21 de septiembre cargó en el diario Clarín contra la “protomontonerización con tufillo a senderismo de la Patagonia”, al tiempo que pidió la reconciliación con las fuerzas armadas en vistas a una probable necesidad de intervención “disuasoria”.
No es novedosa, como táctica represiva para disciplinar a los y las que luchan, construir un enemigo interior, como vienen intentando con la demonización de los pueblos originarios que se organizan para defender sus demandas legítimas por su espacio, identidad y valores, en paralelo a los ataques a quienes los apoyamos. Ese reclamo “atenta” contra la hegemonía del 0,1% de los propietarios de la tierra, que acaparan 62 millones de hectáreas en el país. El 35% del territorio argentino pertenece a apenas 1.250 terratenientes, mientras millones de desposeídos claman por una ínfima porción de esa inmensidad para sobrevivir. No es casual que la Patagonia sea una de las zonas donde más se concentra ese dominio. De allí que la prórroga de la Ley 26.160, una ley de emergencia que suspende temporalmente las acciones de desalojo contra comunidades originarias mientras se realiza un censo nacional largamente demorado, sea resistida para defender esos intereses, vinculados a la megaminería, la explotación forestal y ganadera, el extractivismo de petróleo y gas y asegurar el control del agua.
Sin embargo, no lo vienen logrando como quisieran. La lucha popular logró el apartamiento del juez federal Guido Otranto de la investigación que nunca debió estar a cargo del mismo magistrado que en reiteradas oportunidades, como el 10 de enero de este año y el mismo 1º de agosto, mandó las fuerzas federales a atacar a los habitantes de la Pu Lof Cushamen, y que es responsable de muchos otros avances represivos en la zona, como sucedió en estos mismos días con la Comunidad mapuche-tehuelche de Vuelta del Río. El rol decisivo jugado durante y después del operativo desaparecedor por el abogado de represores Pablo Nocetti, jefe de gabinete de Patricia Bullrich, fue denunciado públicamente por todos los que, sin dudarlo, sostenemos desde el primer día que a Santiago Maldonado se lo llevó gendarmería, y el Estado es responsable. Masivas movilizaciones en todo el país, como la que convocó 250.000 personas en la ciudad de Buenos Aires el 1º de septiembre, y acciones constantes de todos los sectores populares, desde los alumnos que cambiaron el cartel de la escuela “Gendarmería Nacional” por “Santiago Maldonado” hasta el constante repiqueteo de “¿Dónde está Santiago?” en redes, grafitis, canciones y mil iniciativas similares, vienen arrinconando al gobierno, que debió dar un quiebre a su discurso inicial, que negaba rotundamente hasta la presencia de Santiago en el lugar, y ahora admite la “posibilidad” del remanido “abuso” de algún gendarme “aislado”.
Si, como decíamos, la desaparición de Santiago es el hecho más grave en materia represiva en los últimos 20 meses, es imprescindible leerlo en el contexto general para darle cabal envergadura. El 7 de septiembre, con el eco de fondo de las masivas movilizaciones al mes de la desaparición, el Senado Nacional aprobó el ingreso de tropas yanquis al país, para realizar, junto a la Armada argentina, el ejercicio militar denominado “Cormorán”, que es parte del Programa de Ejercitaciones Militares Combinadas, que incluye a Brasil, Chile y Uruguay, y se desarrollará entre los meses de octubre y noviembre de este año en bases aeronavales de las ciudades de Trelew y Bahía Blanca, y en zonas marítimas.
El 31 de agosto, en Córdoba, un fiscal ordenó, con la excusa de “incidentes” en la marcha del 28 de agosto contra el gatillo fácil, once allanamientos en locales de organizaciones políticas, sociales, centros culturales y domicilios de activistas antirrepresivos, donde secuestraron un “peligroso arsenal” compuesto por banderas, pancartas, instrumentos musicales, pintura, afiches y volantes. La noche siguiente, en CABA, la desconcentración de la marcha fue el escenario de una gigantesca razzia que culminó con 31 detenciones, la mayoría al voleo, y un grupo menor pero emblemático: trabajadores de prensa y reporteros gráficos, selectivamente elegidos y elegidas por portación de cámaras. Con la movilización en las comisarías y en el juzgado federal de Comodoro Py, junto al CORREPI, la Red Nacional de Medios Alternativos, SIPREBA y organizaciones políticas y sociales, conseguimos su libertad, y vamos ahora por el cierre de la causa y las denuncias de todo el accionar policial antes, durante y después de las detenciones.
Es que instalar la violencia política es un atajo con el que la clase dominante justifica su irrefrenable tendencia a reprimir en espirales cada vez más violentas e intensas, conforme más violento e intenso deviene el proceso de reapropiación de la riqueza y generación de pobreza que promueven, amparados en resultados electorales que, por ahora, los respaldan. “Deben actualizarse las normas y optimizarse la estructura operativa y el despliegue estratégico de las Fuerzas Armadas para potenciar su capacidad disuasiva para respuestas inmediatas y eficaces ante situaciones de amenazas internas y externas”, le aconsejaba al gobierno de Macri el diario La Nación en su editorial del 6 de marzo de este año.
El gobierno, la presunta oposición y los medios hegemónicos transmiten en la misma frecuencia.
El gobierno entiende –y entiende bien- que para salir de esta crisis política, no le alcanza con ganar las elecciones. Si hoy es fuerte la conflictividad social, prevén su agravamiento cuando los efectos del tremendo endeudamiento y el ajuste despidan el año, de la mano de las reformas que se vienen para reestructurar los modos de explotación. En esa tarea “de fondo” que bien anunciaba la ministra Bullrich como explicación de su defensa de los gendarmes, la represión, en todas sus formas clásicas, y en las novedosas, es herramienta necesaria.
De allí que, más que nunca, debemos coordinar las luchas y sumar esfuerzos en unidad de acción, para enfrentar simultáneamente las reformas estructurales que se avecinan contra la clase trabajadora, y la represión que las acompañará para sostener su avance.