El gobierno macrista se apresta a poner en marcha las profundas reformas reclamadas por el gran capital. Además de la reforma laboral y previsional, el gobierno avanza con su plan de reforma impositiva. Aquí algunas de las líneas trazadas por los gurúes de Cambiemos.
Las primarias de agosto, a pesar un aparente “empate” con el kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires, dejaron a un gobierno nacional fortalecido que cuenta con victorias importantes en provincias y distritos de peso y triunfos arrolladores como en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.
En este contexto y con el apoyo del grueso de la clase empresaria, el gobierno encara la tarea que le reclaman los grupos de poder: una reformulación a fondo de las condiciones de acumulación en Argentina. Como hemos expresado en anteriores números de esta prensa, este objetivo principal conlleva flexibilizar las condiciones laborales para reconfigurar la relación entre el capital y el trabajo. Pero tiene, además, otras aristas fundamentales para garantizar la competitividad empresaria: una de ellas es la reforma impositiva.
Lo pedís, lo tenés:
Hace años que los más diversos sectores del capital vienen reclamando una reforma que “aliviane” la carga impositi-va. En la actualidad argentina, la llamada “presión tributaria” representa aproximadamente un 35% del PBI. Ni bien asumió Macri, eliminó las retenciones a la minería, a la mayoría de los productos del campo y rebajó las de la soja. Estas decisiones, tomadas a la medida de los grupos económicos que lo llevaron al poder, no fueron suficientes para cambiar de fondo la situación. Según ellos, la “pesada carga tributaria” genera que nuestro país no sea competitivo ni sea atractivo para inversiones.
El sistema impositivo actual es sumamente regresivo: alrededor de un 30% de la recaudación del Estado se debe al IVA, que es de un 21% para un auto o un paquete de leche en polvo. Es decir, que proporcionalmente pagan más los sectores populares que destinan casi todo su ingreso al consumo. Luego, un 20% se debe al Impuesto a las Ganancias, que pese a la reforma parcial de 2016 tributan casi 1 millón y medio de trabajadores y trabajadoras.
Pero no son estos los impuestos que se estudian modificar. El Gobierno contrató a FIEL, una consultora privada para elaborar una propuesta de reforma. Según esta consultora, son 3 los tributos en la mira: el Impuesto al Cheque, Ingresos Brutos y las cargas patronales. El primero de ellos, es del 1,2% sobre toda las transferencias bancarias y fue un impuesto de emergencia que se estableció durante la crisis del 2001 para desalentar que el público retirara efectivo de los bancos. Pero luego se fue renovando todos los años, creciendo en importancia y recaudación. Según di-versas estimaciones, el Estado Nacional dejaría de recaudar $150 mil millones por este impuesto.
Los Ingresos Brutos son impuestos provinciales. Es decir, cada jurisdicción dicta la alícuota (en general va entre el 2% y el 4%) y qué actividades están exentas. Este esquema provincial implica que cada producto que se vende, tribute este porcentaje por lo que genera un efecto acumulado. Por ejemplo, las ruedas, carrocería y el motor de un colectivo, pagan el impuesto. Y al final, el colectivo fabricado paga otro 3%. Con lo cual, el producto final puede llegar a tener un 10% o 15% de componente de Ingresos Brutos. La dificultad, es que en la mayoría de los casos representa un 75% de la recaudación impositiva provincial. Por eso la propuesta es generar un IVA “provincial” que evite el acumulado y sea para todos por igual.El último gran apuntado por los representantes del capital son las Cargas Patronales. Es decir, cuánto paga cada empresario por trabajador/a contratado/a.
Esta conquista histórica de los trabajadores y trabajadoras, hoy en día representa un 13% del salario y buena parte de lo recaudado va a la ANSES para el pago de jubilaciones de los trabajadores/as ya retirados. Por esta razón, este impuesto es el más difícil de reducir y las reformas que se pro-ponen son parciales (o no van tan a fondo como esperarían los empresarios). Una de las propuestas más firmes, es que las cargas se reduzcan para empleados jóvenes, que se eliminen las exenciones y (al ampliar esta base) reducirlo al 11 o 12%. Pero el camino que se tome dependerá de las otras dos reformas en carpeta: la laboral y la previsional. El objetivo de fondo aquí es reducir el costo laboral para las empresas.
Hay otros impuestos sobre los cuales se evalúan modificaciones menores. Por ejemplo, la idea para el IVA es que se igualen las escalas y todos los productos tengan un 19%, a contramano de las propuestas más progresivas a nivel mundial que hablan de eliminar este impuesto para los alimentos o artículos de primera necesidad y elevarlo para productos lujosos (como autos de primera gama). El otro tributo que en parte ya se modificó (se irá eliminando progresivamente) es el de Bienes Personales, que grava el patrimonio de las personas más ricas. Casi como un regalo a ellos mismos.
¿Unitarios y federales?
No, no revivimos la vieja disputa por el modelo político de país. Pero nuevamente la pelea entre el Gobierno Nacional y las administraciones provinciales se centra en la distribución de los recursos. Todos los cambios que están en estudio, significan una menor recaudación que implicará por supuesto menor inversión en salud, educación y servicios o subsidios sociales. Y, como decíamos anteriormente, el Impuesto a los Ingresos Brutos es el mayor ingreso provincial. Además, la mayor parte de los otros impuestos también tienen un porcentaje que se distribuye entre las provincias. Es decir, que se aproxima una disputa fuerte entre Cambiemos y los gobernadores peronistas por ver quién carga en sus cuentas el costo de recaudar menos.
El paquete, que ya se ha empezado a negociar entre el Ministerio de Hacienda y las provincias, conlleva también una ley de responsabilidad fiscal, por la cual las diversas administraciones se comprometen a reducir sus déficits y la renegociación del Fondo del Conurbano, que quedó desactualizado y Bs.As. se lleva un 1% del total de $85mil millones. A favor del macrismo y Vidal, la Corte Suprema está por sacar un fallo (todos calculan que será luego de las elecciones) que obliga a actualizarlo y elevar el porcentaje bonaerense. Este hecho, sumado a las derrotas provinciales de varios mandatarios y a la fortaleza del oficialismo en el futuro Congreso, lo posicionan en un buen lugar para la negociación.
Sea la forma que tome esta reforma, todos dan por descontado que el Estado Nacional deberá achicar sus gastos. Es por esto que el Ministro Aranguren ya tiene en carpeta un nuevo tarifazo para noviembre y se estudian varias propuestas para reducir otros subsidios y achicar la planta estatal. Lo llamativo, es que nadie evalúa reducir los pagos de intereses de la deuda externa. En los primeros 4 meses del año, los mismos fueron casi $60mil millones, un 50% del déficit total.
Cambiemos
El Gobierno de Macri representa un cambio de fondo en nuestro país. Con los dueños del capital de los dos lados del mostrador, se intenta llevar adelante una experiencia que modifique el modelo de acumulación, a medida del bloque de poder que hoy maneja el Estado. Por eso, la reforma tributaria es un paso necesario, pero no suficiente para las aspiraciones de este sector. Junto con la reforma laboral y la previsional, vienen a cambiar la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo para reducir el costo de las empresas y recomponer sus ganancias. Para frenar esta avanzada neoliberal que solo nos trae miseria y flexibilización, es necesaria la más amplia unidad de acción, dando la pelea en las calles con las y los trabajadores como protagonistas.
